Confirmaron cautelar que suspendió aumento de prepaga por edad

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el recurso de Swiss Medical SA en contra del fallo que le ordenó dejar de cobrar la suba de la cuota a un afiliado mayor de 60 años

En línea con el dictamen de la fiscal General Gabriela Boquín, la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la medida cautelar de no innovar requerida por una persona mayor contra el aumento, en razón de su edad, de la cuota que le abona mensualmente a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical SA.

El tribunal ratificó el decisorio del juez de primera instancia, dictado en julio de 2021, y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la accionada.

En la causa son actores los miembros de un grupo familiar afiliado a la prepaga, entre cuyos integrantes se encuentra una persona mayor de 60 años, por quien la empresa aumentó la cuota mensual que venían abonando.

Al repasar la naturaleza de los contratos de medicina prepaga, la fiscal subrayó la disparidad existente entre los sujetos contratantes por la posición asimétrica que ocupan.

La Sala D consideró que la suba en razón de la edad aplicada por la empresa “claramente involucra el derecho constitucional a la salud y revela, de acuerdo con lo señalado por la fiscal General en su dictamen, que concurren en la especie una suficiente verosimilitud del derecho y un ostensible peligro en la demora”; es decir, los dos supuestos que justifican el dictado de una cautelar.

Respecto de la verosimilitud del derecho, el tribunal de indicó que aunque los incrementos en razón de la edad estuvieran previstos contractualmente, podrían resultar abusivos en los términos del artículo 37, incisos a y b, de la Ley de Defensa de los Consumidores, que al igual que la Ley 26682 (de Marco Regulatorio de Medicina Prepaga) es de orden público, ya que “desnaturalizarían las obligaciones” e implicaría “una renuncia o restricción de los derechos del consumidor”, con la consecuente ampliación de los derechos de la otra parte.

En cuanto al requisito del peligro en la demora, expuso que la incertidumbre y la preocupación que la situación presumiblemente le genera al asociado es susceptible de justificarlo, aún cuando la medida adoptada pueda conllevar la ejecución de “gran parte de la pretensión material antes de la sentencia”.

En su recurso, sin éxito, Swiss Medical indicó que el juez de primera instancia incurrió en un anticipo indebido de jurisdicción que lesionaba su derecho de propiedad y ocasiona inseguridad jurídica.

También sostuvo que las características del plan médico contratado -incluido su precio- fueron aceptadas por la parte actora; que los precios pactados fueron abonados sin reserva y que los incrementos habían sido previstos en el contrato, entre cuyas cláusulas figura el cambio de categoría de cuota cuando cualquiera de los integrantes del grupo familiar cumpliera una determinada edad.

A dictaminar, la fiscal Boquín expuso que en el caso se encuentran involucrados “derechos constitucionales de notoria trascendencia social, cuya violación afecta al interés público”.

Con relación a la medida cautelar apelada por la demandada, la agente recordó que una de las características más relevantes que exhibe el actual derecho de daños es su finalidad de prevención, pues “se asigna mayor importancia a evitar que el daño se cause que a la reparación posterior”.

En ese sentido, desarrolló los argumentos sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora que tomó luego la Cámara Comercial para resolver.

En cuanto a los derechos en juego, Boquín opinó que “hacen a la dignidad de toda persona humana”.

“No nos encontramos frente a la prestación de un servicio de neto corte mercantilista, sino que trasciende dicha esfera y la debida asistencia conlleva una relevancia notoria al momento de que se ven involucrados derechos que se encuentran íntimamente vinculados con la persona humana”, planteó.

Al repasar la naturaleza de los contratos de medicina prepaga, la fiscal remarcó la disparidad existente entre los sujetos contratantes por la posición asimétrica que ocupan y enfatizó que “el paciente asume el rol de la parte más débil”.

Bajo esa premisa, alegó que la contratación no sólo resulta “masiva y estandarizada”, sino que además las condiciones y modalidades de la prestación son predispuestas de forma unilateral por la empresa, convirtiendo en nula la posibilidad de negociación individual.

Asimismo, precisó que la Ley de Defensa del Consumidor contiene derechos hoy constitucionalizados y que gozan del carácter de orden público económico y puso de relieve el fallo de la sala E de la Cámara Comercial en “Murillo c/ SPM", en el cual se indicó -entre otros aspectos- que los aumentos de cuotas que constituyen un desequilibrio de las condiciones contractuales pactadas por las partes “podrían poner en inminente peligro no sólo el equilibrio contractual sino el derecho a la protección de la salud del actor” y que “en un contrato de prestación de servicios médicos es esencial contar con el acuerdo de ambas partes para alterar los elementos esenciales de la relación jurídica”.

En virtud de esos argumentos y de que en la causa, en principio, los aumentos fueron impuestos sin previa autorización por parte de la entidad de contralor, la fiscal solicitó dejar sin efecto los aumentos de las cuotas y retrotraer su precio mientras transcurra el proceso.