Confirman sanción a cooperativa por desnaturalizar su uso

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó el acto administrativo que dispuso la suspensión de la operatoria de una cooperativa de trabajo, por desnaturalizar su uso [privado] En los autos "El Encuentro Cooperativa de Trabajo Limitada c/EN-INAES s/Medida cautelar", el juez de grado rechazó la medida cautelar requerida por la actora contra la demandada, que perseguía como fin que se suspendiera la ejecución del acto administrativo mediante el cual se había dispuesto la suspensión de su operatoria. El magistrado de primera instancia sostuvo que los accionantes no habían alcanzado a demostrar la verosimilitud del derecho requerida para suspender los efectos de un acto administrativo. La actora interpuso recurso de apelación, considerando que la sentencia de grado resultaba carente de fundamentación en las constancias de la causa. Asimismo, la cooperativa puso de resalto que el peligro en la demora se encontraba presente toda vez que el mantenimiento de la situación "repercutiría negativamente en su operatoria comercial e impediría llevar adelante sus actividades con regularidad, lo cual afecta gravemente la subsistencia de la cooperativa". Fundamento La Sala, integrada por los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Frediani y Jorge Alemany, señaló que -cuando la medida cautelar se intenta frente a la Administración Pública- es necesario que se acredite "la arbitrariedad del acto recurrido". Los camaristas añadieron que en virtud del principio de legitimidad que surge de toda actuación administrativa, "una de las consecuencias obligadas de ello es que ante un acto que no esté afectado de un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien sostiene su nulidad, alegarla y, sobre todo, probarla". El fallo recordó que el inciso 2 del artículo 100 de la ley 20337 dispone como facultades inherentes a la fiscalización pública "realizar investigaciones e inspecciones en las cooperativas, a cuyo efecto se podrá examinar sus libros y documentos y pedir informaciones a sus autoridades, funcionarios responsables, auditores, personal y terceros". Decreto Asimismo, la sentencia destacó que el decreto 420/1996 creó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y le asignó "el cumplimiento de los objetivos y la responsabilidad de la aplicación de lo establecido en las leyes N° 19331, 20321, 20337, 23427 y 23566, y las demás obligaciones y derechos emergentes de las normas que actualmente rigen los Institutos Nacionales de Acción Cooperativa y de Acción Mutual, con los alcances determinados en el presente decreto, y de toda otra norma referida a la actividad cooperativa y/o mutual que pudiera dictarse en el futuro”. En el caso se resolvió suspender la operatoria por haberse acreditado que "desde la constitución (de esa entidad) se puede afirmar (…) que no prestaron servicios de dación de trabajo a sus asociados, sino que fueron utilizadas por determinados particulares (…) a fin de obtener un lucro personal valiéndose de beneficios impositivos y mano de obra barata en perjuicio de los asociados desnaturalizando la figura y los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua". Por tales motivos, los camaristas sostuvieron que no existía arbitrariedad en el accionar de la Administración, toda vez que los actores no justificaron el uso desnaturalizado de la figura cooperativa. Descargá el fallo [/privado]

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