Confirman reinstalación de un congresal del SEP

La Justicia del Trabajo cordobesa concluyó que el accionante fue cesanteadon por un hecho ocurrido con anterioridad a la vigencia de su mandato en el Sindicato de Empleados Públicos. [privado] Al advertir de que la cesantía de un congresal del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) no fue llevada a cabo con la previa exclusión de tutela sindical prevista en el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS), aunque el hecho que fundó la medida haya sido anterior al ejercicio del cargo gremial, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo confirmó la reinstalación del trabajador en su cargo. En la controversia, el Gobierno de la Provincia de Córdoba apeló la decisión dictada en su oportunidad por el Juzgado de Conciliación de 10ª Nominación, aduciendo que la cesantía del actor estuvo fundada en un hecho ilícito cometido en un momento en que no revestía el carácter de representante gremial. Por ello, la patronal consideró que si la sanción obedeció a un hecho pasado con efectos hacia el futuro, que no tiene ninguna vinculación con su actividad sindical posterior, la cesantía debió ser convalidada. Frente a ello, el tribunal integrado por Nevy Bonetto de Rizzi, Alberto Calvo Correa y Eladia Garnero de Fazio señaló que “luego de analizar el artículo 89 del Estatuto del personal de la administración pública provincial (ley 7233) y el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales concluye que el empleador debe obtener una resolución judicial previa a la disolución del vínculo laboral, que le quite al dependiente la garantía de la que está revestido y, no habiendo procedido de esta manera, deviene innecesario analizar si son válidas las razones invocadas para justificar la cesantía”. En función de ello, la Sala indicó que “la resolución de la aquo, ordenando la reinstalación del actor en su lugar de trabajo, en las mismas condiciones laborales que tenía con anterioridad al distracto es ajustada a derecho”, subrayando que “la demandada invoca, en oportunidad de interponer el recurso de apelación, que ha mediado, por parte del actor, la comisión de un hecho ilícito en contra de la Administración Pública lo que motivó la presentación de denuncia penal por parte de la Directora General de Asuntos Legales del Ministerio de Administración y Gestión Pública por tentativa de estafa, hecho éste que no fue invocado al contestar la demanda, el que, a criterio de este Tribunal, tampoco hubiese hecho variar la conclusión a la que arribara la aquo, pues es indispensable la realización del trámite judicial previo a los fines de obtener una resolución que excluya al trabajador de la garantía que la ley le acuerda, trámite éste que no fue cumplimentado por la demandada”. Finalmente, se destacó que “tampoco es de recibo que el actor, el día de la comisión del hecho delictual ocurrido el 12/04/2010 invocado por la demandada, no hubiera estado amparado por la tutela sindical pues el artículo 52 ley 23.551 supedita el acto del despido al trámite judicial previo, tendiente a la exclusión de tutela sindical y no al momento de la comisión del hecho invocado a los fines de la extinción de la relación laboral”. Autos: “MARTIN, EMILIO NESTOR c/SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - PROCEDIMIENTO SUMARIO - ACCION DE REINSTALACIÓN - APELACION EN AMPARO - HABEAS DATA O PROCEDIMIENTOS SUMARIOS” [/privado]

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