Adolescente quedó fuera del colegio por morosidad de sus padres

La cámara resaltó que la comunicación sobre la deuda de aranceles, reconocida por los amparistas, hizo perder verosimilitud del derecho que invocaron. También aclaró que aquéllos no probaron la falta de bancos en otros colegios

“El deseo de la adolescente de continuar con sus compañeras, si bien es loable, no evidencia tampoco un motivo serio que afecte su salud, entendida en un sentido amplio y que pudiere justificar el apartamiento de la claridad de la ley”.

Bajo esa premisa, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo del dictado de una cautelar solicitado por los padres de la alumna para que el establecimiento educacional procediera a la renovación de la matrícula de su hija.

La alzada destacó que la reiterada falta de pago de aranceles y sus posibles consecuencias se les comunicaron a los actores.

En esa línea, aunque reconoció que lo peticionado se relaciona con el derecho a la educación, el tribunal resaltó que la comunicación sobre la deuda de aranceles, reconocida en los términos de los artículos 2 y 5 de la ley 2681 (de Establecimientos Educativos de Gestión Privada), operó en desmedro de la verosimilitud del derecho invocada por los padres de la alumna.

Los padres de la adolescente alegaron que presentaron pruebas contundentes sobre la arbitrariedad de la parte demandada a la hora de garantizar la continuidad pedagógica de su hija, quien, según plantearon, “fue víctima de los vaivenes económicos sufridos por su familia a causa de la pandemia”.

Sobre el otro argumento que plantearon en su apelación, relativo a la falta de vacante en otro establecimiento, precisó que no se probó.

A su turno, sobre el final del año pasado, los progenitores de la joven M.R. promovieron una acción de amparo contra el colegio privado al que iba su hija desde 2018 para que, según alegaron, se protegiera y reconociera su derecho de acceso a la educación con continuidad en la misma institución.

A su vez, solicitaron que se dictara una medida cautelar ordenando la renovación de la matrícula para el ciclo 2022, a fin de evitar, según plantearon, que “decisiones intempestivas y arbitrarias” afecten la salud de su hija, con fundamento en que a la fecha de inicio de la causa, a fines de enero pasado, era imposible encontrar banco para ella en otra institución.

El a quo consideró que lo solicitado era una medida de innovar en su modalidad de innovativa, que procura una modificación de la situación de hecho existente en procura de evitar el quiebre de los principios de igualdad y buena fe, para asegurar el resultado de la sentencia.

También ponderó que de las constancias aportadas no surgió la verosimilitud del derecho invocado por los amparistas.

Los padres de la adolescente apelaron. Alegaron que presentaron pruebas contundentes sobre la arbitrariedad de la parte demandada a la hora de garantizar la continuidad pedagógica de su hija.

Derecho de admisión

También manifestaron que, pese a que saldaron la deuda, la institución insistía en privilegiar el derecho de admisión, avasallando el derecho a la educación de una adolescente quien, según expresaron, “fue víctima de los vaivenes económicos sufridos por su familia a causa de la pandemia”.

En esa línea, plantearon que la joven no tenía vacante en otro colegio y que el tiempo que irrogaría la sustanciación del juicio tornaría ilusorios los derechos reclamados.

La cámara respaldó el criterio del juez de la instancia anterior. “Si se invoca el derecho a la educación de personas menores de edad, la verosimilitud del derecho ya surge de su misma mención. La importancia de la educación es de tal relevancia en la formación de las personas que diversos tratados internacionales -que nuestro país ha suscripto y algunos incorporado en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional- lo han admitido”, reseñó.

“Como mencionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna”, indicó también.

Sin embargo, la cámara aclaró que las premisas rectoras en el análisis de cuestiones que hacen al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes no lograban revertir el rechazo de la medida cautelar.

“Los peticionarios reconocen que se les comunicó por carta documento del 7 de octubre de 2021 la decisión y fundamentos de la no reinscripción de la alumna”, precisó, acotando que el 17 de diciembre se les reiteró la medida y se les explicó que estaba vinculada esencialmente con graves incumplimientos en el pago de aranceles desde el ingreso de su hija al colegio, en 2018.