Confirman que planteo por una perención de instancia había caducado

El tribunal interpretó que el diligenciamiento de oficio de la medida para mejor proveer había concluido una vez incorporada la prueba y que correspondía a las partes la continuación de la incidencia

En el marco del análisis de una perención de instancia pedida por la demandada, al advertir que luego de la incorporación del pedido de informe realizado como medida para mejor proveer por la jueza a quo correspondía a las partes el traslado correspondiente de la prueba agregada, la Cámara 5ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la admisión de la solicitud de perención de la perención realizada por la parte actora Dirección de Rentas de La Provincia de Córdoba (DGR). [privado]

Encontrándose la causa a estudio del tribunal, con relación al incidente de perención deducido por la demandada El Peñón SAC, en uso de las facultades conferidas por el artículo 325 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), la a quo dispuso una medida para mejor proveer que fue notificada de oficio y diligenciada por el mismo tribunal. Incorporada la prueba, ordenó traslado a las partes para que meritúen la documental adjuntada.

En dicho estado, la actora DGR solicitó la perención del incidente de perención articulado por la demandada, la cual fue declarada en primera instancia. Contra tal resolución, la accionada interpuso recurso de apelación.

Al evaluar la cuestión, el tribunal integrado por los vocales Claudia Zalazar, Rafael Aranda y Joaquín Ferrer indicó nos encontramos ante un pedido de perención de instancia habiendo mediado una medida para mejor proveer.

Los magistrados remarcaron además que dicho traslado, ordenado luego de diligenciada completamente la medida para mejor proveer, “escapa a las reglas que pudieron imperar en el tratamiento de aquella, conservando su encuadre -en cuanto de su trámite- dentro de la regla general que impone a quien acciona la carga de impulso de la causa (en este caso de la incidencia)”.

En esa dirección apuntó que la medida ordenada fue dictada y completamente diligenciada por el tribunal con el debido anoticiamiento a las partes.

Continuó relatando el fallo que adjuntada en autos la matrícula del inmueble que fuera requerida, el tribunal dispuso el traslado regulado por el artículo 325 in fine del procedimiento, el cual otorga a las partes la posibilidad de ejercer el derecho de defensa ante la nueva prueba incorporada oficiosamente.

De lo cual expuesto, derivó la Cámara: “Este traslado se trata, entonces, de una etapa procesal que el rito prevé una vez concluida la medida para mejor proveer y que se desliga del diligenciamiento propiamente dicho de ésta, está dirigida exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa ante la novedad incorporada al proceso”.

Los magistrados remarcaron además que dicho traslado, ordenado luego de diligenciada completamente la medida para mejor proveer, “escapa a las reglas que pudieron imperar en el tratamiento de aquella, conservando su encuadre -en cuanto de su trámite- dentro de la regla general que impone a quien acciona la carga de impulso de la causa (en este caso de la incidencia)”.

Imposible

En esa dirección, el fallo sostuvo: “Resultaría jurídicamente imposible al tribunal que dispuso la medida para mejor proveer sustanciar oficiosamente los traslados del art. 325 CPCC (como parece sostenerlo la recurrente) pues se trata de un plazo que no es fatal y que requiere el impulso de parte; no solo para correr aquellos traslados sino también para acusar el decaimiento del derecho en caso de asi corresponder, actividad que no puede cumplir el tribunal en orden a que nuestro sistema continúa siendo, en su mayoría, dispositivo”.

Así, el tribunal concluyó que “siendo que esta actividad no es naturalmente de oficio, en modo alguno puede considerarse que la incidencia estaba en estado del dictado de una resolución”, por lo que en el fallo se resolvió que corresponde desestimar el recurso planteado.