La Sala B de la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de los integrantes de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de conceder favores judiciales en causas en las que intervenía el juez federal Walter Bento, cuyo procesamiento de primera instancia como líder de la organización había quedado firme, pues el magistrado desistió de la apelación. La medida dictada por el tribunal de alzada alcanza a otras 22 personas, investigadas por asociación ilícita, cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio. De esta manera, los jueces hicieron lugar a lo planteado por el fiscal General Dante Vega y al primer procesamiento que había dictado el juez Eduardo Puigdéngolas.
De acuerdo con la acusación, Bento lideraba una organización ilícita en la que habría operado con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga, para llevar adelante un mecanismo delictivo mediante el cual se ofrecían beneficios procesales por el pago de dádivas.
A estos últimos se le suman los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba; Walter Eduardo Bardinella Donoso, quien se presentaba como el contacto con el mundo criminal y proveedor de posibles “clientes”, y el comisario José Gabriel Moschetti, quien ofrecería un canal de información y cobertura en el ámbito policial. De la totalidad de imputados, seis se encuentran en prisión por una condena previa y otros tres en prisión domiciliaria. Entre los procesados por haber abonado para obtener beneficios hay acusados de contrabando y de narcotráfico, delitos de competencia en la Justicia federal, en cuyas causas tuvo intervención Bento.
Aquellas ocho personas, siempre bajo el liderazgo de Bento, habrían desplegado maniobras para lograr beneficiar ilícitamente a determinados imputados, quienes también se encuentran identificados y procesados por el delito de cohecho pasivo.