Confirman la validez de una subasta realizada en la época del “corralito”

En el remate se vendió un inmueble de la accionante, quien planteó la nulidad de ese acto aunque luego no demostró la existencia de irregularidades que hubieran viciado lo actuado

Al confirmar la falta de nulidades sobre un auto de aprobación de subasta, en la cual el banco titular de la deuda hipotecaria terminó quedándose con la propiedad al no presentarse oferentes, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso directo presentado por la parte accionante, titular del inmueble rematado, y confirmó así el rechazo de su acción contra el Nuevo Banco Bisel SA (Hoy Banco Macro SA) y de quien le compró a esta entidad la propiedad en litigio.

La actora interpuso acción persiguiendo la nulidad del auto interlocutorio dictado el 16 de abril de 2002, por el que se aprobó la subasta de un bien inmueble de su propiedad realizada en el año 2001, que sirvió de base además para la venta por el banco a un tercero.

La demandante acumuló también demanda de daños y perjuicios contra aquél como consecuencia de la pérdida del inmueble y denunció la violación del artículo 1071 del Código Civil por utilizar abusivamente los instrumentos procesales que brinda el ordenamiento adjetivo para ejecutar las acreencias.

Base

Al resolver, el TSJ integrado por los vocales María Marta Cáceres, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo indicó que la cámara a quo analizó los términos de la postulación de la actora, indicando que perseguía la declaración de nulidad del auto de aprobación de subasta del inmueble de su propiedad, que sirvió de base además para la venta de ese bien a un tercero, y también reclamó daños y perjuicios derivados de la pérdida de ese bien y daños punitivos con sustento en la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

El Alto Cuerpo puntualizó que de las constancias de la causa surgía que la actora fue notificada de la interposición de la demanda fundada en la falta de pago del mutuo convenido con el banco actor, en garantía del cual suscribió la hipoteca respecto del inmueble que ahora pretendía recuperar, frente a lo cual no compareció ni opuso defensa alguna.

Asimismo, destacó que la actora estuvo presente al momento de realizarse la constatación a los fines de la subasta del bien hipotecado, se notificó a su domicilio real la realización del remate y sus condiciones y se notificó el auto aprobatorio de ésta, conforme surgía del oficio diligenciado por el juez de Paz de la localidad de General Cabrera.

Los vocales destacaron, a su vez, que la accionante sólo compareció a esa causa cuatro años después de la aprobación de la subasta, sin haber cuestionado ni uno solo de los actos realizados en el proceso.

Términos

Con relación al acto de subasta, el TSJ indicó que se ordenó en los términos pactados en la escritura de constitución de la garantía hipotecaria y que de las constancias analizadas no surgía que la normativa dictada como consecuencia de la declaración de emergencia económica -decreto 1570 del 3 de diciembre de 2001, que instauró el denominado “corralito”- haya conspirado contra el éxito del remate, en cuanto se realizaron las publicaciones necesarias y legales para otorgar la mayor difusión al acto. Además, señaló que -en todo caso- las observaciones debieron realizarse dentro de los cinco días de conocer el acto de la subasta, oportunidad con la que contaba la ejecutada a los fines de realizar todas las impugnaciones que estimaba correspondían para enervar su aprobación.

Respecto de la queja vinculada con la falta de perfeccionamiento frente a terceros de la transmisión de la propiedad adjudicada en la subasta, ante la ausencia de diligenciamiento del oficio de toma de posesión, en los cuales el juez valoró la legitimación activa de la compradora del bien -codemandada en la causa-, el TSJ indicó que el juzgador dejó sentado que, mediante el contrato de compraventa celebrado por escritura pública, el vendedor había cedido su posición jurídica, incluyendo la facultad para desalojar a los ocupantes quienes no tenían ningún derecho a permanecer en el inmueble, haciendo hincapié en que esa decisión se encontraba firme y consentida al haber agotado la accionada -aquí impugnante- todos los recursos ordinarios y extraordinarios a tal fin, descartando así la posibilidad de reeditar tal cuestión ya zanjada.

Ley

Asimismo, el Alto Cuerpo destacó que se rechazó el planteo de aplicación de la LDC, con fundamento en que la acción tenía por objeto la declaración de nulidad del auto de aprobación de la subasta realizada en el juicio hipotecario, en el cual la demandada -ahora impugnante- tuvo todas las posibilidades y garantías para ser oída, y de plantear las cuestiones que estimaba conducentes a la defensa de sus derechos, entre ellas la aplicación de esa legislación especial si entendía que las cláusulas de la hipoteca eran abusivas o de alguna manera contrarias a sus disposiciones.

En definitiva y en atención a todas las apreciaciones efectuadas, en el fallo se desestimó la presentación directa.

Autos: "M. de C., L. D. c/ Nuevo Banco Bisel SA (hoy Banco Macro SA) y Otros - Acción de Nulidad- Daños y Perjuicios - Expte. 560888 - Recurso Directo - 10027684"