ESCUCHAREstá acusado de insolvencia fiscal fraudulenta junto con su madre, su hija, el contador y su socio. Se le achaca haber cambiado de razón social en cuatro oportunidades para no pagar Ingresos Brutos
El Juzgado de Control N°7 de Córdoba, a cargo de Milton Peralta, confirmó el requerimiento de citación a juicio contra un reconocido supermercadista de Villa María, su madre, su hija, su socio y su contador acusados de insolvencia fiscal fraudulenta.
Se trata del titular del comercio, Orlando Raúl Gafare; el contador que supuestamente lo asesoró en las maniobras, Miguel Alberto Álvarez; su hija, Gisele Gafare; su madre, María Isabel Obregón y quien está en la sociedad como socio gerente, Roberto Olivero.
La causa fue elevada a juicio por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en julio pasado y ahora confirmada por el juzgado de Control.
Según consta en la acusación, Gafare iba cambiando de razón social de sus empresas para no pagar los impuestos adeudados. Así, desde 2003 a 2007, bajo la figura jurídica Los Fenicios SRL, dejó un pasivo de más de 1,6 millón pesos por el no pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ese mismo mes, Gafare siguió la actividad comercial bajo “Sugma SRL”, hasta marzo de 2010, dejando en esa oportunidad una deuda de más de 565 mil pesos, también en concepto de Ingresos Brutos. Luego, comenzó a operar con la razón social Masan SRL, hasta marzo de 2013. En el ínterin, una inspección de la Policía Fiscal de 2011 conformó una deuda de 11 meses del mismo tributo por 247 mil pesos.
La acusación sostiene que, por este motivo, Gafare “decidió que continuaría la actividad a través de su madre María Isabel Obregón” y entiende que ella “habría dado el consentimiento para la maniobra fraudulenta, imposibilitando así el cobro de la deuda de Masan SRL”. Para cobrar esa deuda, el fisco provincial “inició una ejecución fiscal administrativa con control judicial por 885.836,65 pesos”.
En 2013, ya con Obregón como titular de la actividad comercial, se hizo otra inspección que dio por resultado que la madre de Gafaro tenía una deuda por Ingresos Brutos de 63.927,61 pesos.
A continuación, Gafare, asesorado por el contador Álvarez, “para no pagar totalmente la deuda” decidió “continuar la actividad a nombre de su hija Gisele Gafare la que también “habría dado el consentimiento para la maniobra fraudulenta”.
De esta manera, el acusado consiguió frustrar “el cobro de las obligaciones tributarias ya determinadas”, por lo que el fisco inició ejecución fiscal por 68.515,49 pesos por Ingresos Brutos entre febrero y octubre de 2013.
Reproches
Para los defensores, no hubo delito porque la deuda se canceló casi por completo. Destacaron que Obregón inició un nuevo plan de pagos y que se están abonando las últimas cuotas. También aseguraron que el traspaso de los supermercados no fue por medio de fraude. Adujeron que el hecho de que una señora de 77 años deje de trabajar para que continuara con la actividad su nieta “sucede en cualquier negocio familiar” y que no fue un medio para insolventarse.
Sobre el primer punto, el fiscal consideró que el hecho de que se formalice un nuevo plan de pagos e incluso se abone en su totalidad la deuda tributaria, no impide que el delito ya se haya consumado con anterioridad. “En su caso, esta circunstancia podría ser valorada, a su favor, en una eventual condena como conducta posterior al delito (art. 41 del CP)”, aclaró Gavier.
Respecto del segundo punto, el fiscal consideró que está probado que el traspaso de los supermercados de Obregón a Gisele Gafare fue con el objeto de evitar que el fisco pueda cobrar su crédito y fue parte de una maniobra que realizó Obregón en cuatro oportunidades desde 2003
“Si analizamos este traspaso de titularidad de los supermercados en su contexto, se puede visualizar que fue la repetición de un medio para evitar el pago de tributos que se viene realizando desde hace varios años”.
“En sí, el hecho de traspasar la titularidad de un fondo de comercio a otra persona no es ilícito, pero si esto se hace con el objeto de evitar que el Fisco cobre su deuda tributaria, sí es delito, pues ha sido con la finalidad de frustrar el cobro de su crédito por parte del estado”, concluyó el fiscal.
