ESCUCHAREl Juzgado de Control Nº7 de Córdoba, a cargo de Esteban Díaz, confirmó la elevación a juicio contra tres integrantes de la firma Federico e Hijos Construcciones, acusados por el fiscal titular de la Unidad de Casos Complejos, Enrique Gavier, de intentar evadir casi un millón de pesos en concepto del impuesto de Sellos.
Los imputados son Pablo Augusto Federico y sus hijos Pablo Ignacio y Natalia Federico, involucrados como autores de una maniobra tendiente a evadir impuestos provinciales mediante la falsificación de sellos, firmas y timbrados.
La investigación, que se inició luego de una denuncia efectuada por la propia Dirección de Rentas de la Provincia, determinó que los Federico falsificaban los timbrados de los contratos que sostenían con la Municipalidad y la Provincia, lo que les evitaba abonar el impuesto de Sellos.
Gavier acusó al titular de la firma, Pablo Augusto Federico, como autor los delitos de falsificación de instrumento público reiterado, simulación dolosa de pago reiterado y evasión agravada, todo en concurso real. Y a sus hijos los imputó como autores de los delitos de falsificación de instrumento público reiterado y simulación dolosa de pago reiterado y como partícipes del delito de evasión tributaria agravada.
Hubo evasión y es agravada
En la resolución del Juzgado de Control, a la que accedió Comercio y Justicia, se confirman todos los aspectos de la acusación formulada por el fiscal Gavier. Entre otros aspectos, Díaz resolvió mantener la acusación respecto de la figura del delito de evasión.
Entre los fundamentos de su decisión, el juez recordó que los encartados evadieron una suma que excede la que establece el artículo 1° de la ley 24769 (Régimen Penal Tributario), esto es, más de 400 mil pesos.
En otro orden, también se rechazó el planteo de la defensa respecto de que todos los partícipes deben revestir el carácter de obligados tributarios y actuar como coautores para que se configure la calificación de agravante.
Para el magistrado, dicha afirmación no se condice con los motivos que el legislador tuvo en cuenta al efectuar la reforma legislativa (ley 25874), al incorporar la intervención de plural participación y convergencia intencional.
“La acción a sabiendas (Art. 15 de la ley 24769) corresponde sólo al obligado tributario, con quien concurren dos o más personas concertadas para ello (ob. cit. p. 494 y 495)”, explica la resolución.
“Las personas que participaron son Pablo Augusto Federico (en el sentido requerido por la ley) y los coimputados Pablo Ignacio Federico y Natalia Victoria Federico lo hicieron en el carácter de participes necesarios”, aclaró Díaz al rechazar el planteo de los abogados defensores.
Los hechos
El caso comenzó a ser investigado en agosto de 2015, cuando la Policía Fiscal advirtió aparentes irregularidades en el pago del impuesto de Sellos por parte de la firma Federico e Hijos Construcciones sobre un contrato de obra suscripto en febrero de 2015 con la Municipalidad.
El monto contratado, en esa oportunidad, ascendía a $15.178.913, por el cual se debería haber abonado $182.147 y, “si bien se advertía en el documento la imagen de un timbrado, el pago no pudo ser localizado en el sistema informático de Rentas en tanto que el Banco de Córdoba tampoco tenía registros de la operación”. El área de Auditoría y Control de la DGR citó a los responsables de la firma para que presentaran los comprobantes. Al ser consultados la hija del propietario de la firma y dos empleados, éstos dijeron “desconocer quién había efectuado ese pago”.
Ante la sospecha de que se podía estar frente a una maniobra defraudatoria, se revisaron los contratos firmados en los últimos dos años por la empresa tanto con la Provincia como con el Municipio, lográndose detectar otros nueve contratos por los que se debían haber abonado casi 685.000 pesos en concepto de impuestos de sellos, pero de los cuales tampoco se encontró registro alguno.
Ante esta situación, que podría implicar una maniobra en perjuicio de la Provincia, la DGR denunció la presunta irregularidad ante la Justicia.
Los Federico fueron oportunamente detenidos. El padre y la hija obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria – el hombre por ser mayor a 70 años y la mujer por tener hijos menores de cinco años-. Luego fueron liberados bajo fianza y aguardan el proceso en libertad.
