Confirman desalojo al no acreditarse que el tercero ocupa como poseedor

La decisión ratificó que la prueba presentada no tenía la fidelidad necesaria para lograr el convencimiento de que la tercera ocupante ejercía un derecho posesorio sobre el inmueble

En el marco de un desalojo por vencimiento de contrato de locación, en el que el demandado no se presentó sino que lo hizo un tercero, como tercera ocupante del inmueble y no demostró el carácter de poseedora que invocó, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó la sentencia de lanzamiento impugnada. Ese tercero intentó casar el fallo cuestionando que no se haya valorado la prueba que hacía a su derecho de ocupar el bien.

Al respecto, el TSJ integrado por los vocales María Marta Cáceres, Domingo Sesin y Luis Eugenio Angulo indicó que el tercero puso en entredicho el criterio adoptado por la cámara a quo, que ratificó la inadmisibilidad de los instrumentos privados que presentó, como lo hizo el juez de grado fundando la decisión en que la vía idónea para incorporarlos era a través de la prueba testimonial, cuyo plazo fatal de ofrecimiento se encontraba vencido.

El Alto Cuerpo sostuvo el TSJ que si el instrumento ofrecido por la parte proviniera de terceros (facturas, presupuestos, etcétera), la vía procesal idónea para obtener el reconocimiento no resulta ser la propia de la prueba documental sino la testimonial, porque sólo el signatario del instrumento puede expedirse acerca de la autenticidad o falsedad de la firma inserta en éste.

El fallo destacó que cuando el documento proviene de terceros, el silencio de la parte contra quien se aduce como prueba, no produce reconocimiento tácito porque ello procede únicamente respecto de quien fue su autor, agregando que el nuevo Código Civil y Comercial (CCyC) establece que todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece.

El TSJ consideró que acompañado el instrumento (en el caso un aparente presupuesto de reparación de un techo y un remito de materiales de construcción) a los fines de acreditar los arreglos que la tercera ocupante dice haber efectuado en el inmueble objeto de desalojo, el modo para procurar su autenticación, no resulta ser el traslado a la parte contraria -quien ninguna intervención tuvo- sino la citación del signatario, ajeno al pleito, a los fines del reconocimiento de la documentación por él emitida.

Los supremos afirmaron que los instrumentos privados emanados de terceros, desde una perspectiva procesal, no son propiamente “documentos” sino “testimoniales escritas”; esto es, elementos producidos escriturariamente pero que provienen de un tercero, razón por la cual “en orden a su proposición deben seguir las mismas prescripciones que la testimonial”.

Ofrecimiento

La decisión infirió que el ofrecimiento de la prueba en cuestión debe cumplirse respetando el modo y plazo establecido por las normas que rigen la prueba testimonial, derivando que al no cumplirse ello, la pretensión de incorporarlos con posterioridad deviene extemporánea. A su vez, aclaró que en este caso, que no se ha logrado acreditar cómo esta interpretación restrictiva de las normativas procesales, podrían implicar un exceso de rigor formal que pudiera poner en riesgo garantías constitucionales, en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Colalillo”.

El decisorio indicó que un supuesto remito de materiales corre igual suerte, pues más allá de su falta de incorporación, lo real es que el mismo figura como emitido dos meses antes de que se iniciara la demanda; por lo que aun cuando hubiese ingresado en tiempo oportuno, tampoco resultaría idóneo para demostrar la antigüedad en la ocupación alegada por la tercera.

Por ello el Alto Cuerpo concluyó que no ha logrado demostrarse que los instrumentos en cuestión revistan una trascendencia tal que, “desde el prisma de la verdad jurídica objetiva, tengan entidad para revertir lo resuelto”.

Finalmente, los vocales recordaron que en este tipo de pleitos, el fundamento de la acción, integrado por el conjunto de hechos que, subsumidos en lo dispuesto en normas jurídicas, otorgan al actor el derecho que trata de hacer valer ante los tribunales o ante cualquier instancia administrativa, radica en la condición de tenedor obligado a restituir que se atribuye al demandado y el derecho del actor a recibir esa restitución, por lo cual sostuvo que en los juicios de desalojo “al demandante le basta con demostrar que le asiste un derecho a tener la cosa bajo su señorío, sea en carácter de locatario, de propietario, sea como poseedor, sea en calidad de comodante del demandado, etcétera” y producida esa prueba por la parte actora, la carga probatoria se desplaza naturalmente sobre el demandado, quien deberá demostrar que a su vez disfruta de una situación jurídica incompatible con el derecho acreditado por el actor, bien porque aun siendo tenedor su obligación de restituir no es exigible, o bien porque es un auténtico poseedor “ánimo de dueño” de la heredad, lo cual remarcó que no se ha acreditado por parte del demandado ni de la tercera.