Confirman condena por daño moral en favor de una afiliada enferma de cáncer

El tribunal ratificó la sentencia que hizo lugar al reclamo de repetición y padecimiento en contra de la obra social de personal jerárquico de bancos oficiales. El derecho a la vida, eje de la resolución [privado]

La Cámara Federal de Córdoba confirmó una sentencia que hizo lugar al reclamo por repetición y daño moral iniciado por una afiliada enferma de cáncer en contra de la Obra Social del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (Osepjbo).

Los camaristas Eduardo Ávalos, Graciela Montesi e Ignacio Vélez Funes, de la Sala A de ese tribunal, ratificaron la decisión del juez federal de Río Cuarto y la entidad demandada deberá afrontar una condena superior a $160.000.

En el caso, la actora interpuso demanda a fin de que se condenara a la obra social al pago de $78.650 más intereses en concepto de repetición por el tratamiento de radioterapia y otros $15.000 en concepto de daño moral.

La accionante fue operada en junio de 2012 de cáncer de mama y se le administró radioterapia posoperatoria. En julio de 2017 padeció de lesiones nodulares y los médicos tratantes indicaron hacer mastectomía radical y técnica de ganglio centinela.

A partir de dicho cuadro, le realizaron seis ciclos de quimioterapia y se le requirió el 11 de abril de 2018 radioterapia tridimensional para evitar el riesgo de nuevas recidivas, por parte de su médico tratante.

El juez consideró que la concreción del tratamiento de radioterapia llevado a cabo por la actora en su oportunidad, al amparo de su médico tratante, constituyó un proceder razonable y totalmente justificado, ello en razón de la patología.

En esta instancia la obra social accionada se negó a cubrir ese tratamiento, solicitándole que acreditara de manera científica que la práctica en cuestión controla efectivamente la aparición de nuevas recidivas.

En marzo de 2020 el juez de grado hizo lugar a la demanda, motivando la apelación de la accionada.

Garantía

Al resolver, con voto del vocal Ávalos, la cámara recordó que el derecho a la vida ha sido considerado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el primer derecho de la persona humana, resultando el mismo reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.

En tal sentido, el juez consideró que la concreción del tratamiento de radioterapia llevado a cabo por la actora en su oportunidad, al amparo de su médico tratante, constituyó un proceder razonable y totalmente justificado, ello en razón de la patología.

Bajo esas circunstancias el fallo evaluó como inadmisible no considerar tal derecho en su magnitud pretendiendo que se demuestre científicamente el resultado perseguido frente a una dudosa eficacia, “que por cierto tampoco la demandada ha demostrado (...) y que en este caso particular y concreto resulta de difícil –por no decir imposible– cumplimiento en tiempo propio y forma, por las razones dadas”, significando ello un formalismo extremo, “en claro detrimento de los derechos fundamentales de una persona que transita un cáncer de mama y que pretendió despejar con la práctica indicada por su galeno la existencia de potenciales recidivas a más de cuatro años del primer tratamiento realizado bajo la misma modalidad; postura ésta que, ciertamente, no puede tener respaldo o tutela judicial”.

Derrotero

Respecto de la procedencia del rubro daño moral, el juez Ávalos dijo que no cabe duda, que el largo derrotero que transitó la actora para procurar se le brinde el tratamiento de radioterapia indicado por su médico tratante, claramente expuesto por el a quo, “permite tener por configurado el daño moral considerado por el Juez, a la luz de los conceptos que han sido señalados precedentemente”.

“Y en ese punto, mal puedo desconocer la enorme carga emocional que traslada a una persona el hecho de convivir con la enfermedad del cáncer, máxime cuando ésta puede plantear una alternativa terminal de la vida. Ese contexto evidencia en cierta forma también la urgencia que pudo motivar a la actora y a su galeno a realizar la práctica médica en el tiempo en que se materializó”, subrayó el decisorio de la cámara.

El magistrados opinante interpretó que las pruebas arrimadas al expediente judicial “se presentan como suficientes para establecer la procedencia y el quantum indemnizatorio de dicho rubro subsumible, en el caso concreto, en las profundas preocupaciones que además caben a todas luces presumirlas ‘in re ipsa”.

En conclusión, y por las razones dadas, Ávalos consideró que debía confirmarse el pronunciamiento del magistrado de Río Cuarto.

Los jueces de Cámara Montesi y Vélez Funes adhirieron al voto del juez preopinante.

Autos: “H. DE F., S. DEL V. C/ OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONALES – JERÁRQUICOS SALUD S/ CIVIL Y COMERCIAL – VARIOS”