Condenaron por abuso sexual a un hombre que había sido declarado inimputable

También fue responsabilizado por el delito de amenazas. El año pasado fue absuelto. Por mayoría, se consideró que la acusación sólo se basó en los dichos de la víctima. El tribunal revisor criticó la falta de perspectiva de género

Por mayoría, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal condenó a un hombre por abusar sexualmente de su pareja y por amenazarla en varias oportunidades.

El tribunal revisor admitió el recurso promovido por el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la agente María Luz Castany, y por María Luisa Piqué, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional.

Después de la deliberación (que requirió que un cuarto juez interviniera en la causa), Casación ordenó que se apartara al Tribunal Oral en lo Criminal Número 8, que había absuelto y considerado inimputable al encausado, y que el caso se reenviara para que, tras el sorteo de rigor, otro sentenciante definiera la pena que correspondía.

En el debate se juzgaron cinco sucesos ocurridos entre 2019 y 2020 que involucran abusos sexuales reiterados y amenazas (una de ellas, coactivas). El juicio se llevó adelante en abril de 2021 y los fundamentos se dieron a conocer el 1 de junio de ese año.

En esa oportunidad, los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi sostuvieron que no se había alcanzado el grado de certeza necesario y que correspondía absolver, menos por un episodio de amenazas, al acusado por cuatro de los cinco hechos.

Sin embargo, consideraron que debía ser declarado inimputable. Por ello, como medida de seguridad, ordenaron su internación en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino, que funciona dentro del Complejo Penitenciario Federal Número 1, y establecieron que debía sortearse el juzgado civil que intervendría en el asunto.

En su voto, al que adhirió Rizzi, Anzoátegui señaló que el testimonio de la denunciante era el elemento principal, que el resto de las pruebas dependían de sus manifestaciones y que su declaración fue contradictoria.

Circunstancias

Sobre los abusos sexuales reiterados, el vocal criticó que no se hubieran pormenorizado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que no existieran testigos presenciales ni evidencia documental ni pericial. Consideró que como el imputado aseveró que los encuentros fueron consentidos, se trataba de un caso de “los dichos de uno contra los del otro”.

“Ninguna convención, tratado o recomendación ni ley ni perspectiva ni estándar, cualquiera sea el tribunal del que provenga, puede obligar a que un juez tome una decisión que viole garantías que la Constitución Nacional, y los tratados reconocen a un acusado en causa penal”, enfatizó.

Castany -a cargo de la Fiscalía General Número 30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal- y Piqué recurrieron el decisorio. Consideraron que era arbitrario; que violó el derecho de acceso a la justicia y el derecho a que la víctima sea oída por un tribunal imparcial, y que transgredió el principio de amplitud probatoria previsto en la ley 26485 (de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), así como el principio de igualdad ante la ley.

“La sentencia absolutoria debe ser corregida porque la valoración probatoria que hicieron los jueces carece de perspectiva de género y, justamente, es en estos casos donde cobra vital importancia: entender que las víctimas de violación no van a reaccionar de determinada manera (o, por lo menos, no de la manera que el juez, los operadores judiciales o 'el sentido común' consideren 'adecuada'), atender al contexto en que ocurren los hechos y la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran”, señalaron las representantes del MPF.

La casación admitió el planteo de las fiscales. El juez Eugenio Sarrabayrouse explicó en primer lugar que la valoración racional de la prueba no es incompatible con la perspectiva de género y explicó que, por el contrario, “bien vista y utilizada”, es un método adecuado para “eliminar y prevenir ciertos estereotipos”.

“La mirada de género permite mostrar el error de ciertas generalizaciones (en definitiva, máximas de la experiencia) aplicadas a un colectivo de personas por la sola circunstancia de pertenecer a él, sin atender a las características particulares de cada caso”, añadió.

En esa línea, manifestó que aquellos estereotipos suponen que ciertas personas deben comportarse de cierta manera ante determinadas situaciones “porque es lo que se espera de ellas en función del papel que se les asigna en la sociedad por la sola circunstancia de pertenecer a cierto colectivo”.

Acotó que su utilización “conduce a cristalizar situaciones de desigualdad, sea por el género, la religión o la raza”.

El autor del voto mayoritario concluyó que tanto la violencia como la perspectiva de género son conceptos que deben ser aplicados por quienes resultan competentes para resolver casos judiciales, en tanto ese deber surge de los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Máxima Instancia nacional.

“Esta primera aproximación al tema muestra ya una diferencia clara con el voto Anzóategui y Rizzi, en tanto, pese al deber analizado en los párrafos precedentes, nada dijeron al respecto en la sentencia cuestionada. Es decir que no se trata de una idea de jueces, juezas o tribunales particulares sino un mandato que surge de los instrumentos internacionales suscriptos por el Estado Argentino, desoído sin explicación alguna”, recalcó.

Sarrabayrouse analizó luego el testimonio que dio la víctima y sostuvo que éste fue “contundente y detallado”, en línea con lo que había considerado la fiscalía en el juicio y el magistrado Alfredo Sañudo, quien se pronunció en disidencia con sus colegas del tribunal oral.

OVD

Tal como se relató en el voto de minoría, el camarista de Casación recordó que los dichos de la víctima fueron considerados creíbles por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y que la psicóloga del Cuerpo Médico Forense se expresó en el mismo sentido.

Para Sarrabayrouse, el testimonio, a pesar de lo que se sostuvo en el fallo de la instancia anterior, no era la única prueba en la causa sino que debían analizarse los informes médicos y las declaraciones de la familia de la damnificada y de los policías que intervinieron.

Bajo esa premisa, expresó que los hechos juzgados constituyeron “manifestaciones claras” de la violencia de género y del sometimiento que sufrió la víctima durante toda la relación.

“La argumentación realizada por los jueces que integran la mayoría desconoce las dificultades que atraviesan las mujeres que sufren una situación de violencia de género; más aún, en un supuesto en el que quien se presenta como víctima y el imputado poseen una hija en común”, clarificó el juzgador.

Luego, sostuvo que la negación de la violencia de género por la mayoría del tribunal oral afecta directamente la valoración de la prueba. “La construcción realizada en la sentencia, además, plantea una falsa dicotomía según la cual el análisis con perspectiva de género exigido por estos casos (tal como prescriben las leyes 24672, 26485 y 26791) presenta un conflicto con los derechos y garantías que le asisten a toda persona sometida a un proceso penal”, detalló.

Sarrabayrouse opinó que se trata de una idea equivocada porque valorar la prueba con aquellos parámetros no implica afectar ningún derecho ni principio básico del proceso penal.

Con respecto a la inimputabilidad, consideró que el análisis de los informes y la prueba de la causa permitían descartar razonablemente los argumentos de la mayoría del tribunal, ya que no podía afirmarse que el acusado, al momento de cometer los hechos, no comprendiera la criminalidad de sus actos o no pudiera dirigir sus acciones.

Por eso, ponderó que los hechos debían ser calificados como amenazas simples reiteradas, amenazas coactivas y abuso sexual con acceso carnal reiterado.

El juez Horacio Días coincidió con los argumentos de Sarrabyrouse pero estimó que debía anularse la sentencia y hacerse un nuevo debate.

Por su parte, el juez Daniel Morin consideró que debía rechazarse el recurso de casación.

Por este motivo, se sorteó la participación de un cuarto magistrado para que decidiera si debía condenarse al acusado o si se tenía que hacer un nuevo debate.

Con su intervención, el juez Alberto Huarte Petite dirimió la cuestión: coincidió con el voto de Sarrabayrouse, por lo que el hombre fue condenado y la causa será sorteada para que un tribunal fije la pena correspondiente.