Condenaron a la Provincia de La Pampa por el suicidio de un paciente externado

El hombre se quitó la vida pocas horas después de salir de un centro de salud. Los profesionales no les informaron a sus allegados que había dejado el establecimiento. Ya había estado internado en otras oportunidades por sus padecimientos psíquicos

En La Pampa, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó la responsabilidad del Estado provincial por el suicidio de un paciente psquiátrico.

El tribunal enfatizó que al internar y, luego, externar al hombre, en su rol de “organizador del sistema de salud”, el demandado no cumplió con los recaudos que establece la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM).

Lo hizo al ratificar el fallo dictado por la jueza Fabiana Berardi, quien admitió la demanda promovida por la esposa y el padre de D.F. y responsabilizó civilmente a La Pampa por haber incumplido las exigencias que prevé la ley 26657 para el abordaje del hombre.

En su decisorio, la magistrada enfatizó que durante la internación de D.F. no se le dispensó tratamiento interdisciplinario.

También indicó que se evaluó erróneamente el riesgo de suicidio y que se dispuso su externación sin contactar a familiares o referentes afectivos o sociales, para su acompañamiento y contención, lo cual derivó en el fatal desenlace, horas después de que dejó el Hospital Centeno.

Además, resaltó que D.F. recibió el alta sin que se tomaran los recaudos necesarios “de contención y de continuidad de tratamiento”, dándole -en palabras de la jueza- “libertad para quitarse la vida”.

“Si bien ante los pacientes con posible riesgo de quitarse la vida es difícil llegar a conclusiones exactas y seguras sobre quién va a intentar un suicidio y quién no lo va a hacer o cuándo es inminente el acto, sí es necesario que el profesional despliegue sus conocimientos técnicos suficientes como para diagnosticar el riesgo de manera precoz y pueda tomar las precauciones para asegurar la vida del paciente y hacer un tratamiento adecuado”.

(Del fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa).

En ese sentido, recordó que, según la historia clínica, el paciente tuvo intentos previos de suicidio, que motivaron dos internaciones previas , y que su última estadía en el sistema público pampeano se debió a que fue llevado allí por la policía, luego de que su pareja halló una carta de despedida y denunció su desaparición.

“Es claro que no se adoptaron las medidas pertinentes y adecuadas”, concluyó la juzgadora.

“En los casos de pacientes con tendencias suicidas, se exige la adopción de medidas preventivas especiales -deber de custodia-, articuladas con el suministro de una terapia idónea -deber de asistencia- que facilite la recuperación clínica”, destacó.

Añadió que los intentos de suicidio previos tienen un papel determinante, puesto que en estos casos, si la internación se realiza en una institución psiquiátrica, la obligación es de medios, “debiendo analizarse si el suicidio resultaba o no predecible y si el establecimiento actuó con prudencia y diligencia”.

Pautas

En otro tramo de su sentencia, Berardi reseñó que en virtud de las mandas incluidas en la LNSM el abordaje debe ser realizado por un equipo interdisciplinario y que tanto la internación involuntaria como la externación, alta o permisos de salida “son facultad del equipo de salud”.

Asimismo, recordó que la internación o transformación de la internación en voluntaria es una decisión obligatoria para aquél, cumpliendo con los requisitos del artículo 16 de la norma, “apenas cesa la situación de riesgo cierto e inminente”.

La funcionaria estableció que el paciente no accedió al abordaje interdisciplinario que la ley prevé ; ello así, porque tanto su internación como externación fueron decididas por un solo médico tratante, quien fue el único que lo entrevistó y no detectó “ideas suicidas”.

Berardi ponderó, además, que no había información de evaluación del riesgo en la historia clínica, entre otras falencias.

A su turno, la cámara respaldó el criterio de la a quo y expresó que la responsabilidad que le atribuyó a la Provincia de La Pampa “no deriva del suicidio en sí del paciente” porque, aun con el tratamiento adecuado, podría haber acabado con su vida, sino porque en la última internación no se cumplieron las directivas que impone la LNSM para su abordaje, que sí se acataron en los anteriores pasos del enfermo por el nosocomio, cuando también intentó suicidarse pero no lo logró.

Explicó que era carga del propio interés de la demandada, como organizadora del servicio de salud, acreditar los presupuestos en los cuales sostuvo su respuesta defensiva; es decir, que la atención al paciente en el servicio de salud mental fue acorde a las circunstancias que el caso ameritaba, conforme las pautas que prevé a ese fin el abordaje de personas con padecimientos mentales, y que la externación respondía a los elementos objetivos evaluados, para lo cual debió acercar los medios corroborantes de su afirmación, algo que no hizo.

“La responsabilidad que se le atribuyó al Estado no deriva del suicidio en sí mismo sino de la falta de pruebas de que durante la internación, como al tiempo de externación, se hubieran adoptado las pautas que la LNSM prevé para el tratamiento de personas que, como el occiso, sufren padecimientos mentales; máxime cuando entre sus antecedentes existían otros intentos de suicidio”, acotó.

La jueza a quo estableció que el paciente no accedió al abordaje interdisciplinario que la ley prevé; ello así, porque tanto su internación como externación fueron decididas por un solo médico tratante, quien fue el único que lo entrevistó y no detectó “ideas suicidas”.

“Considerando que la atención médica de personas con padecimientos mentales ha de guiarse conforme a la LNSM, lo que debían acreditar la demandada y la aseguradora es que esas pautas estaban cumplidas y no limitarse a invocar -genéricamente y en abstracto- que la responsabilidad médica es una obligación de medios”, continuó.

En tanto, precisó que si bien es cierto que en el ámbito de la salud mental tanto el paciente como el profesional suelen enfrentar dificultades probatorias, también lo es que se pueden implementar medidas que permitan equilibrar la situación , como sería desplazar el onus probandi sobre la parte que se encuentre en mejores condiciones para producir la prueba.

“Si el profesional estaba en condiciones de prever el riesgo -porque se verificaron varios intentos de suicidio o el paciente anunció que lo llevaría a cabo-, su responsabilidad adviene a título de culpa, y cuando advierte que el riesgo a la vida o integridad física desaparece, entonces deberá ajustar el tratamiento en forma paulatina, para adaptarlo a las nuevas necesidades del enfermo, como graduar las medidas restrictivas que eventualmente dispuso para evitar que vea innecesariamente restringida su libertad; tales son las directivas que emergen de la ley de salud mental”, resaltó la alzada.