ESCUCHARFue en el marco de un juicio abreviado. Pese a no tener antecedentes, la magistrada consideró como agravante la condición de integrante de una fuerza se seguridad y la necesidad de someterlo a
una tratamiento psicológico
Un policía retirado fue condenado a tres años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos acusado de amenazas, amenazas calificadas y lesiones graves contra su pareja.
La decisión fue adoptada por el juzgado de Control Nº 6 de Córdoba, a cargo de la jueza Cristina Edith Giordano, en el marco de un juicio abreviado.
La magistrada fundó su decisión de imponer un pena de prisión de cumplimiento efectiva en que el agresor pertenecía a una fuerza policial y se tornaba “indispensable” que fuese sometido a un tratamiento psicológico.
“Pese a haber concurrido al Centro Integral de Varones y luego de haber recibido asistencia psicoterapéutica individual en Sipos Centro Médico, lejos de modificar su conducta delictiva –tan sólo dos meses después de ello- cometió el hecho de lesiones graves que aquí que se le endilga”, se destacó en el fallo.
“El imputado tomó a la víctima del cuello; la tiró a la cama y le pegó golpes de puño en el rostro (sic), cabeza y antebrazo. Después, la llevó de los cabellos al baño y la golpeó en la nariz; y, finalmente, continuó golpeándola con el arma de fuego. Por todo esto, deviene necesario que el nombrado acceda a un adecuado tratamiento y sea incorporado al Programa de Intervención para Varones en situaciones de violencia en la pareja dentro del Establecimiento Penitenciario”, afirmó la magistrada en la sentencia a la que accedió Comercio y Justicia.
Policías femicidas
La resolución hizo hincapié en otro dato relevante vinculado a la incidencia de los casos de violencia familiar que tienen como protagonista a los efectivos de las fuerzas de seguridad.
“El estudio (difundido por Centro de Estudios y Proyectos Judiciales) aporta un dato para esta causa: 15% de los agresores pertenecían a fuerzas de seguridad y, en todos estos casos, el hecho se cometió con armas de fuego”, graficó la magistrada.
En este contexto, Giordano reclamó a la Policía de la Provincia de Córdoba incorporar la temática de género dentro de las asignaturas en las escuelas de inicio, formación y ascensos (Escuela de Suboficiales, Escuela de Cadetes y Escuela Superior. “Además, estimo primordial esta capacitación en el personal policial, porque su función trae aparejado el permiso para portar armas de fuego”, sostuvo.
En la misma resolución, la jueza llamó a dar cumplimiento a la Ley Nacional Nº 27499 (Ley Micaela), recientemente sancionada por el Congreso de la Nación y sugirió la creación de observatorios de monitoreo para evaluar la eficacia de las capacitaciones con perspectiva de género y los formatos en que éstas se dispongan (talleres de expresión artística, rondas de diálogo, espacios de encuentro e intercambios de opiniones, visitas a instituciones relacionadas, cursos virtuales, entre otros). Ello para estimular la modificación de los “patrones socioculturales estereotipados” con el objeto de eliminar prácticas basadas en el “prejuicio de superioridad” de cualquiera de los géneros.
