ESCUCHARLo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se instó al país a tomar medidas para evitar el uso de estos espacios para detenciones prolongadas y a proteger a las personas privadas de su libertad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la muerte, en un incendio, de cuatro mujeres privadas de la libertad en una comisaría de Tucumán y exhortó al Estado a tomar «medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos”. Asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente.
El hecho ocurrió el 2 de septiembre pasado, cuando ocurrió un incendio en la comisaría Brigada Femenina, de Concepción: cuatro mujeres privadas de libertad perdieron la vida –María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán-. Los primeros informes demostraron que el lugar carecía de elementos de protección ante incendios y las instalaciones eléctricas no se encontraban en buenas condiciones.
Sumado a dichas condiciones, «los hechos se enmarcarían en un contexto de hacinamiento y deplorables condiciones de detención», se detalló.
La CIDH recordó que «los Estados tienen un deber especial de protección respecto de las personas bajo su custodia. Esta obligación implica garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, y adoptar medidas necesarias que permitan prevenir situaciones de riesgo que amenacen su vida e integridad personal».
En ese marco, le reiteró al Estado argentino «la necesidad de implementar acciones urgentes y efectivas para que cese la utilización de dependencias policiales o comisarías como lugares de alojamiento permanente de personas privadas de libertad; además, con el propósito de enfrentar eventuales situaciones de emergencia, le insta a adoptar medidas para garantizar que los centros de detención cuenten con estructuras adecuadas y seguras, medios idóneos, planes de acción y personal suficiente y capacitado para mitigar el riesgo«.
Finalmente, agregó que los países tienen «el deber de conducir investigaciones serias, diligentes e imparciales de todos los hechos ocurridos en centros de privación de libertad que resulten en personas fallecidas o heridas. Lo anterior, a fin de esclarecer los hechos, sancionar a las personas que hayan tenido algún grado de responsabilidad y reparar a las víctimas».
