La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó 104 pedidos de prisión domiciliaria desde que comenzó a circular el Covid-19 en el país.
Según se informó, sólo se resolvieron 58 planteos, dentro de los cuales se otorgó el beneficio a 17
personas, mientras que a 41 se le denegó esa posibilidad.
En 19 de las solicitudes realizadas se argumentó como único motivo la cuestión etaria, mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud.
La Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió más pedidos y Mendoza, aquella en la que más domiciliarias se otorgó, contabilizando nueve casos.
En la mayoría de las situaciones aún no resueltas los tribunales que deben decidir ordenaron conformar juntas médicas con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia para que se produzcan nuevos informes, entre otras cosas medidas, o encomendarles nuevos en los casos en las que la junta ya está constituida.
Ante a los pedidos de arresto domiciliario, la fiscal federal Ángeles Ramos advirtió en una serie de
dictámenes emitidos en diversos casos en los que interviene que no corresponde la concesión del beneficio automáticamente por integrar el grupo de riesgo. La representante del Ministerio Público Fiscal señaló ante varios tribunales que esa condición no implica que deba buscarse un lugar alternativo para cumplir la detención, ya que actualmente esa institución implementa protocolos acordes a ese grupo poblacional para su resguardo y no hubo reportes de casos sospechosos intramuros.