Condenado por trata que integra grupo de riesgo volverá a prisión

Con éxito, la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Paraná y la Protex recurrieron la sentencia que le concedió la domiciliaria al penado, basada en la polémica acordada que dictó la Cámara de Casación Penal La prisión domiciliaria a la que accedió un condenado en 2017 por la comisión del delito de trata de personas fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal luego de que la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de José Candioti, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), encabezada por Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, interpusieron un recurso contra la decisión de aquel órgano, que le otorgó el beneficio mientras persista la pandemia generada por el covid-19, ya que integra el grupo de riesgo.[privado] Se trata de Gustavo Alfonzo, quien fue sancionado con 10 años de prisión por captar, mantener cautiva y obligar a participar en al menos una "fiesta sexual" a una adolescente, en Concordia. El tribunal -integrado de manera unipersonal y con competencia para la etapa de la ejecución de la pena- hizo lugar al pedido de la defensa de Alfonzo el 22 de abril. El sentenciante basó su decisión en la acordada 9/20 de la Cámara Federal de Casación Penal, que instruye a los jueces a morigerar condiciones de encierro a raíz del incremento de casos de coronavirus en el país y en función del llamado del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que insta a reducir la sobrepoblación en los centros de detención. La manda de Casación, además, contempla priorizar los reclamos de condenados por delitos no violentos, que estén próximos a cumplir su pena y sean vulnerables a contraer la enfermedad. En el caso de Alfonzo, el juez de grado se basó en un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que detalla que padece dislipemia, diabetes tipo 2, presión arterial y antecedentes cardíacos, y que esas patologías crónicas colocaban al paciente “dentro de la población de riesgo para desarrollar cuadro grave por Covid-19”. Los agentes Candioti, Mángano y Colombo alegaron que la decisión aplicó erróneamente la ley. En esa línea, destacaron que ni siquiera hizo mención a los argumentos con los que las partes se opusieron al pronunciamiento. Además, sostuvieron que no valoró adecuadamente el estado de salud de Alfonzo, limitándose a mencionar el documento del SPF, sin analizar la sintomatología actual del penado ni las posibilidades de que fuera tratado adecuadamente dentro del penal. Los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que si el fallo recurrido quedaba firme, implicará la concesión de un beneficio indebido y que, teniendo en cuenta las conductas de Alfonzo, representará un riesgo real y concreto de que se sustraiga del accionar de la Justicia. Derechos También resaltaron que no se tuvieron en cuenta los derechos que protegen a la víctima y negaron que la situación de Alfonzo esté contemplada en la acordada; ello así, porque la trata de mujeres y niñas constituye una grave violación de normas internacionales que conciernen a los derechos humanos. A su vez, alegaron que se ignoraron circunstancias concretas sobre el comportamiento del condenado, como que haya impulsado y generado revueltas o conflictos dentro de la unidad penitenciaria en la que estuvo alojado, con la pretensión manifiesta de evitar el cumplimiento de la pena en las condiciones estipuladas. La Sala I de la Casación -integrada por Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña- hizo lugar al recurso y anuló la sentencia del a quo, al estimar que abordó la situación de modo genérico, “omitiendo efectuar el debido análisis de la totalidad de las circunstancias del caso”. Si bien tuvo en cuenta que, de acuerdo con los informes médicos, el acusado padece enfermedades que lo califican como paciente de riesgo, concluyó que no se acreditó que actualmente tenga una sintomatología que no pueda ser debidamente atendida en la unidad carcelaria ni que exista riesgo de contagio en la cárcel. En tanto, destacó que en septiembre de 2017 se revocó la domiciliaria a la que accedió Alfonzo cuando la causa transitaba la etapa de instrucción, al comprobarse que sus afecciones de salud no ameritaban el otorgamiento del beneficio. Además, reseñó que cinco meses después, en febrero de 2018, no se hizo lugar a un nuevo pedido de reclusión domiciliaria al considerar que sus dolencias podían ser tratadas intramuros. “La sola alusión a la pandemia y el hecho de encontrarse el encartado dentro de una población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar automáticamente la modalidad de encierro; especialmente si no se verifica una situación de riesgo concreta y actual que lo aqueje y que justifique acceder a lo peticionado”, enfatizó. Por otra parte, recordó que en febrero de este año, el TOF de Paraná le denegó al condenado su incorporación al régimen de salidas transitorias por los problemas de disciplina y convivencia que tuvo y que motivaron que tuviera que ser trasladado. (Del fallo de la Cámara Federal de Casación Penal). Polémica La acordada que dictó la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de abril para que los jueces morigeraran condiciones de encierro generó polémica. El 28 de ese mes, el magistrado Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, la declaró inconstitucional. En su decisorio, criticó el “paternalismo jurídico” de la instrucción de la superior. También habló de “impertinencia constitucional” y afirmó que el documento atenta contra el principio de independencia de los jueces. “Cada magistrado, tras el estudio del caso, continuará haciéndose cargo frente a la sociedad y la historia de las consecuencias de sus decisiones”, alegó. “Aun cuando el verbo ‘recomendar’ no importe una orden sino un consejo, lo cierto es que ello es igualmente inadmisible por el límite infranqueable que impone el principio en estudio como uno de los pilares esenciales de la Constitución”, acotó. En tanto, enfatizó que la mayoría de los detenidos está presa “por atacar probada o presuntamente bienes jurídicos esenciales o relevantes previstos en el contrato social fijado por la Carta Magna”. Castelli se pronunció en ese sentido al negarle la domiciliaria a una condenada a cuatro años y medio de prisión por tráfico de drogas. El 5 de junio, Casación dejó sin efecto el fallo de Castelli y le ordenó que dictara otro. [/privado]

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