Conceden beneficio de litigar sin gastos a madre de hija con discapacidad

El tribunal entendió que -en caso contrario- la mujer debería desprenderse de sus bienes -una vivienda modesta y una fracción de terreno- para tener acceso a la Justicia

La Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación presentada por la demandada, en los autos principales, la empresa Calamuchita SRL, y confirmó la validez del otorgamiento del Beneficio de Litigar sin Gastos (BLSG) a la accionante, ya que -pese a ser propietaria de una modesta casa y una fracción de un terreno- se demostró que no tiene capacidad económica para enfrentar los gastos del pleito iniciado; máxime, teniendo una hija con discapacidad y no estando obligada a vender sus bienes para poder acceder a la justicia.

La empresa mencionada interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que concedió a Graciela Catalina Cresci el beneficio referido.

El tribunal, integrado por los vocales María Rosa Molina de Caminal, Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores, indicó que correspondía esclarecer la situación patrimonial de la accionante, que la parte demandada en los autos principales presentaba como holgada, a pesar de que no resultaba clara de las constancias de la causa, por lo que se dispusieron las medidas para mejor proveer tramitadas por ante el tribunal.

Inmuebles

De esas diligencias los magistrados entendieron que la accionante no es titular dominial de tres inmuebles, que es lo que una primera lectura podría haber mostrado, situación negada por aquélla tanto en su declaración jurada como en los escritos del proceso.

El tribunal precisó que la madre solicitante es propietaria del inmueble que se describe como un lote de terreno ubicado en Pueblo Empalme de la ciudad de Córdoba, que tiene una superficie de 300 m2, que se corresponde con el inmueble que habita y es titular de la mitad indivisa de una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, ubicada en Tanti Viejo, pedanía San Roque del departamento Punilla, Córdoba, con una superficie de 420 m2.

El fallo valoró asimismo que del Informe de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios resultó que la accionante no es titular de dominio de vehículo alguno.

En este estado de cosas, la cámara sostuvo que correspondía pronunciarse sobre si la titularidad del inmueble en el que vive y del 50% de un lote en Tanti, más sus ingresos previsionales son suficientes para denegar el beneficio solicitado.

Constancias

Así, los vocales consideraron que de las constancias de la causa resulta que el inmueble que habita dista de ser lujoso o excesivo para las necesidades habitacionales de la accionante y de su grupo familiar conviviente, remarcando que, respecto de los servicios, en estos tiempos contar con Internet lejos de ser un lujo resulta de primera necesidad.

Además, el pronunciamiento ponderó que tampoco parece que contar con servicio de cable y conexión a la red pueda ser considerado un lujo que evidencie potencia económica para hacerse cargo de gastos causídicos para una persona adulta mayor que vive con una hija con discapacidad.

En esa dirección, los camaristas subrayaron que, conforme refiere en su constatación el oficial de Justicia, el inmueble está compuesto por dos habitaciones, cocina-comedor, un baño completo, patio, garaje y un living, tiene aproximadamente 60 años de antigüedad, indicando que los bienes muebles existentes son los indispensables para la vida económica.

Insolvencia

A su vez, respecto del 50% del inmueble sito en Tanti, Cresci aduce que no lo tiene, lo que no impide que, de concretar su venta, en su caso, pueda algún costo de Justicia, mas ello no puede ser exigido en este estado, en que la concesión de la incidencia no requiere, como se indicara supra, una situación de insolvencia, ni puede exigírsele vender sus bienes -que no son cuantiosos- a fin de permitirle litigar.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que, despejada en cámara la verdadera situación patrimonial de la peticionante en orden a los aspectos cuestionados, y analizando ello armónicamente con la totalidad de las constancias de autos, se concluye que, efectivamente, la accionante se encuentra en una situación de impotencia patrimonial justificante de mantener el decisorio en crisis en a concederle el BLSG.