ESCUCHARJuntos por el Cambio abandonó el recinto en Diputados porque consideró “ilegítimo” el quórum. Mario Negri adelantó que el bloque recurrirá a la Justicia. El debate se concentra hoy en el Senado
En una sesión marcada por discusiones y “chicanas”, la Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación de las jubilaciones de privilegio y regímenes especiales, sin los diputados de Juntos por el Cambio que abandonaron sus bancas antes de comenzar el debate. El proyecto del oficialismo contó con 128 votos de su propia bancada y de otros interbloques aliados. El voto 129 fue del presidente de la Cámara, Sergio Massa. Los diputados Romina del Plá y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, se abstuvieron.
Tal como habían adelantado, los diputados de Juntos por el Cambio no bajaron al recinto, ante el rechazo del oficialismo a su propuesta de agregar una «cláusula transitoria» para que los jueces en actividad con edad jubilatoria puedan acceder a los beneficios del sistema anterior, en caso de la eventual promulgación de la norma.
Los opositores se presentaron en el recinto una vez que el oficialismo reunió el número necesario para debatir. Entonces, pidieron que la sesión fuera suspendida porque consideraron ilegítimo el quórum, ya que estaba presente el diputado nacional Daniel Scioli, designado como embajador en Brasil. La oposición no consiguió que se suspendiera la sesión y abandonó el recinto.
«Nos retiramos porque esta sesión es inválida y vamos a la presentar la denuncia respectiva a la Justicia. El Frente de Todos reunió 128 legisladores y un embajador», acusó el jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo. «Scioli no es más legislador, sino embajador argentino en Brasil y no ha renunciado a su cargo -insistió Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio-. ¿Tenían necesidad de llegar a esto o lo mejor hubiera sido llegar a un acuerdo con la oposición? Nosotros estamos en contra de los privilegios, vinimos a este recinto a debatir con nuestro dictamen en minoría. Pero no podemos tolerar el atropello».
En el oficialismo, el presidente de la Cámara, Sergio Massa afirmó: “Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del Scioli, el diputado sigue siendo ocupando su cargo. Este cuerpo no ha tratado la renuncia”. A su vez, el ex gobernador bonaerense, agregó que a partir del tres de marzo se hará «formalmente” cargo de la embajada. “No ha salido el decreto presidencial, que es a partir de ese momento cuando queda formalizado”, afirmó.
En medio de gritos y acusaciones, los diputados de Juntos por el Cambio se retiraron. Con el recinto semivacío, la sesión siguió su curso y el oficialismo criticó con dureza la reacción de Juntos por el Cambio. «Protagonizaron un show mediático que desnuda un pacto con un sector de la Justicia con el objetivo de preservar a los funcionarios de la gestión anterior con causas judiciales pendientes», indicaron los voceros del bloque que preside Máximo Kirchner.
Cambios
Entre las modificaciones que se incorporaron al proyecto inicial, se decidió mantener la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años -como hasta el momento- y elevar a 65 la de los varones, de forma escalonada, como estaba previsto.
Además, se eliminó que estipulaba la necesidad de haberse desempeñado como mínimo 20 años en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, aunque se mantuvo el requisito de haber trabajado, como mínimo, 10 años corridos o 15 de manera discontinua.
A su vez, se modificó un artículo para clarificar la forma en que se van a calcular los aportes: se aplicará el 82% móvil sobre el promedio de las remuneraciones –de los últimos 10 años- actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría del cargo vigente al momento del cese. Es decir, teniendo en cuenta los sueldos al valor actual.
Otro punto no menor es la eliminación del inciso permitía que magistrados y funcionarios jubilados pudieran ser convocados como reemplazos en casos de licencias o vacancias.
La situación en Córdoba
Consultado sobre el tema, el fiscal federal general de la Cámara Federal de Córdoba, Alberto Lozada, sostuvo que la norma aprobada en Diputados podría producir un vaciamiento de importantes cargos de la Justicia en la provincia de Córdoba.
«Creo que hay una intencionalidad política de impulsar la jubilación de gran cantidad de jueces para que se vayan del Poder Judicial y queden las vacantes. De esa forma, las mismas podrán ser cubiertas con personas que, tras un concurso, tengan la definición para su designación desde el Poder político», señaló Losada.
Ante la especulación de algunos jueces de retirarse de su carrera para poder contar una jubilación mayor, el fiscal general federal en Córdoba expresó: «Es una cuestión de que cada uno puede actuar en proyección de sus derechos como mejor le convenga. Es una decisión individual y legítima, cada uno tiene sus motivos de quedarse o irse».
Losada consideró necesarias las reformas, pero aseveró que el proyecto generó malestar en las Asociaciones de Magistrados porque propone la modificación sustancial en los haberes para magistrados y diplomáticos. “Pero el Gobierno no se ocupó de otros sistemas especiales jubilatorios que rigen para otros sectores», sostuvo.
Además, negó que estos cambios en el régimen puedan llegar a mejorar al resto de los jubilados, y enfatizó que las jubilaciones del Poder Judicial “no llegan al 1% del presupuesto de Anses».
Otra tesitura adoptó el fiscal federal, Enrique Senestrari, quien no dudó en afirmar que los magistrados son “privilegiados”.
«Tenemos sueldos altos, facilidades para jubilarnos y no pagamos ganancias», manifestó Senestrari.
«Es hora de que los miembros y magistrados de la Justicia nos hagamos cargo de que somos parte de la sociedad y de que no podemos tener tantos privilegios y siempre estar por fuera de las decisiones que se toman y afectan al resto del pueblo», concluyó.
Los jueces provinciales están tranquilos
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, Luis Paoloni, aseguró que si en la Provincia se intentara avanzar con una reforma jubilatoria de características similares a la que ayer se aprobó en Diputados no se producirían demasiados cambios.
Paoloni advirtió que los magistrados cordobeses aportan a la Caja de Jubilaciones 22% de sus haberes, cifra superior incluso al 18% que prevé la iniciativa del Gobierno Nacional.
Asimismo, explicó que el promedio del haber inicial para los magistrados de la provincia se fija tomando en cuenta los últimos cuatro años de antigüedad a un valor histórico.
“A los que tenemos mucha antigüedad en los cargos casi nos conviene el sistema nacional, porque no toma valores históricos sino actualizados de los últimos salarios”, reflexionó Paoloni.
Paoloni tildó de “razonable” el proyecto aprobado en Diputados aunque consideró que debería aplicarse una progresividad mayor a quienes están próximos a jubilarse.
