ESCUCHAREn la investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado se descubrió que millones de pesos en subsidios eran usados con fines no vinculados con el mantenimiento del sistema ferroviario.
A dos años de la tragedia ferroviaria de Once, ayer comenzó el juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini. Según se estima, el proceso puede durar al menos nueve meses y está prevista la declaración de 300 testigos.
En la sala de audiencias estuvieron los familiares de muertos y sobrevivientes, detrás de los acusados, levantando carteles pidiendo Justicia.
El ex secretario de Transporte kirchnerista, Juan Pablo Schiavi (2009-2012), llegó temprano a los tribunales de Comodoro Py y dijo que irá a todas las audiencias. También estuvo en el banquillo de los acusados su antecesor, Ricardo Jaime (2003-2009). Los dos serán juzgados por la falta de controles de los subsidios estatales que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
En total habrá tres grupos de querellas, luego de que el lunes dos renunciaron a la acción penal, tras llegar a un arreglo económico con la ex concesionaria TBA. Así, en la causa quedó casi un centenar de querellantes, entre familiares de víctimas y sobrevivientes: 47 representados por el abogado Javier Moral; otro grupo a cargo de Gregorio Dalbón y una veintena representada por la querella de la familia del joven Lucas Menghini Rey. La acusación está a cargo del fiscal Fernando Arrigo.
Además de Schiavi y Jaime, llegaron al debate los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Antonio Sícaro y Pedro Ochoa, y el ex secretario de Transporte, Antonio Luna. También enfrentan el jucio Carlo Michele Ferrari, ex presidente de TBA, y los empresarios Sergio y Mario Cirigliano -éste estuvo al frente de la concesionaria y recibía subsidios millonarios del Estado-. Todos corren riesgo de recibir condenas de hasta seis años de prisión de cumplimiento efectivo, por defraudación a la Adminsitración pública.
En tanto, el maquinista del tren chapa 16, Marcos Córdoba, llegó acusado por el delito de estrago culposo, que prevé un máximo de cinco años de cárcel.
Desde el inicio de las actuaciones se discute si el operario accionó correctamente los frenos de la formación. Dos peritajes concluyeron que aquéllos funcionaban bien al momento del hecho, con lo cual se descartó una falla mecánica, lo que complicó su situación.
Durante el proceso, la Justicia intentará determinar qué pasó con los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio del Estado entre 2003 y 2010. Paralelamente, otro juez -Sebastián Ramos- está instruyendo un expediente en el que se evalúa específicamente el dinero público que recibieron las concesionarias.
La investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado descubrió que varios millones de pesos tenían destinos no vinculados con el mantenimiento del sistema ferroviario.
Querellas y acuerdos extrajudiciales
– María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey -la última víctima fatal de la tragededia de Once en ser localizada en las vías-, reclamó que haya “una condena ejemplar para los responsables”.
– Hasta este lunes las querellas eran cuatro, pero a último momento dos grupos de familiares firmaron un acuerdo extrajudicial con TBA y renunciaron a ser parte de la acusación. Se especula que en las próximas horas la empresa puede llegar a un entendimiento similar con los damnificados que representa el letrado Gregorio Dalbón.
– Sin embargo, los Menghini Rey descartaron la posibilidad de renunciar a la acción penal. Paolo Menghini, papá de Lucas, ratificó que jamás ha negociado una indemnización y que tampoco accederá a un pacto extrajudicial.
