ESCUCHARAl sopesar los argumentos para la eventual concesión de la prisión domiciliaria, la Cámara Federal de Córdoba denegó tal beneficio al teniente coronel Mauricio Carlos Poncet, acusado de delitos de lesa humanidad, en virtud de que “las razones humanitarias que la ley –de ejecución penitenciaria– tuvo en cuenta al momento de disponer la detención domiciliaria de los septuagenarios, resultan relativizadas en el caso concreto por las graves consecuencias que supondría la permanencia en su domicilio del imputado”.
La discrecionalidad del tribunal para revocar, por mayoría, la resolución en contrario de primera instancia, se apoyó en que “la concesión de la detención domiciliaria es una facultad del juez –como reza el texto legal– y no un derecho que el condenado puede utilizar si lo cree conveniente”.
Asimismo, los jueces Abel Sánchez Torres y Octavio Cortés Olmedo indicaron que “la posibilidad de que el imputado se sustraiga del accionar de la justicia mediante su fuga –como ha sucedido en otras jurisdicciones del país por parte de acusados de delitos de lesa humanidad– fue evaluada por el suscripto en la resolución mencionada como un criterio impeditivo de su permanencia en libertad, teniendo en cuenta precisamente la influencia que podría ejercer en su ánimo la expectativa de una abultada pena que se cierne sobre su persona en caso de ser condenado”, además de haber tenido en cuenta “el adiestramiento que posee el imputado en el manejo de armas de fuego por su condición de personal militar y la posibilidad de que se lesione a sí mismo o a terceras personas, como también ha sucedido recientemente en otras provincias con imputados de esta clase de delitos”.
Disidencia
El juez Ignacio Vélez Funes disintió, por cuanto la avanzada edad del imputado -78 años- , ”su estado de salud y su necesidad de atención médica en razón de sus patologías crónicas (…) contribuyen (…) a que la posibilidad de fuga no sea previsible”.
