Con dictamen contrario para la demandante, se tratará el “derecho al olvido”

Comienzan las audiencias ante la Corte Suprema por la demanda que presentó Natalia Denegri en contra de Google. La mujer ganó notoriedad mediática hace más de dos décadas por el denominado “caso Coppola”. Expondrán representantes de organizaciones civiles, letrados, el MPF y las partes

Comenzaron las audiencias públicas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Hoy, en el marco del caso “Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc.” , empezó a tratarse el denominado “derecho al olvido”.

Entre las entidades convocadas para dar su opinión se destacan la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

Adepa ya manifestó su posición. Sostuvo que la supresión de información que conlleva el “derecho al olvido” limita el debate público. También estimó que la desindexación en los buscadores es una solución “irrazonablemente restrictiva” porque atenta contra la libertad de expresión.

También expondrán representantes de las asociaciones civiles de Estudios Constitucionales (ACEC) y Usina de Justicia, y de la Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia; la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, y los abogados Andrés Gil Domínguez y Francisco Seminara, entre otros.

Mañana tendrán la palabra el procurador fiscal Víctor Abramovich y las partes.

El 21 de diciembre de 2021, Abramovich contestó el traslado que efectuó la Corte por el fallo en discusión, dictado hace dos años por la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil , que confirmó la sentencia que admitió parcialmente la pretensión de Denegri y dispuso que Google suprimiera toda vinculación de sus buscadores a páginas que exhiban episodios que pudo haber protagonizado y que muestren “agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones en tono elevado, escenas de canto y/o baile, así como también videos de posibles reportajes televisivos en los hubiera brindado información de su vida privada”.

Según el a quo y la alzada, esas reproducciones carecen de interés periodístico y su publicación “sólo parece hallarse fundada en razones de morbosidad”.

Pasado

En su dictamen, el procurador indicó que la cuestión federal en la causa consiste en determinar si vulnera la libertad de expresión el bloqueo de vínculos en internet ordenado a Google, como servicio de motor de búsqueda, respecto de contenidos que la actora estima lesivos porque exponen aspectos de su vida que pretende dejar en el pasado.

El agente recordó que la libertad de expresión tiene un lugar preeminente en el marco constitucional y que comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet.

A su vez, destacó la importancia del papel que desempeñan los motores de búsqueda en el funcionamiento de internet, en tanto su actividad es decisiva en la difusión global de datos.

En otro tramo, planteó que toda restricción o limitación de la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva y que hay una fuerte presunción de inconstitucionalidad sobre cualquier tipo de censura previa sobre ella.

En línea con la doctrina de la Corte, el procurador postuló que las medidas preventivas de filtro o bloqueo de vinculaciones -links- implican un acto de censura pues, al vedar en la práctica el acceso a información, se impide o dificulta el proceso de comunicación.

Abramovich argumentó que la medida peticionada por Denegri configura una grave restricción de la circulación de información, sobre la que pesa una presunción de inconstitucionalidad que sólo puede ceder frente a casos absolutamente excepcionales, según fue establecido por la CSJN en “Paquez”.

En tanto, planteó que un elemento clave para el examen de la razonabilidad de la medida es que se propone vedar el acceso a información especialmente protegida por la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, pues los contenidos atañen a una figura pública y a un asunto de interés público.

En esa línea, enfatizó que la información que busca restringirse se refiere a la demandante en tanto figura pública, y recordó que Denegri adquirió notoriedad por estar involucrada en una pesquisa que derivó en la destitución y condena penal de un juez federal, un secretario judicial, varios policías y otras personas.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que el suceso despertó un gran interés en la sociedad. Añadió que la mujer intervino activamente en la cobertura mediática de las noticias referidas al caso y que participó en diversos programas periodísticos y de otra índole en la televisión abierta en los que se discutía lo sucedido.

Asimismo, precisó que a la fecha continúa siendo una persona pública porque es empresaria de medios y ganadora de premios internacionales por su labor profesional.

Por otro lado, apuntó que los contenidos cuestionados tienen interés público pues permiten informarse sobre las distintas aristas de las actuaciones “Coppola”, no sólo con relación al comportamiento de los funcionarios públicos involucrados y la investigación criminal sino también respecto del tratamiento de lo ocurrido en los medios, lo que incluye las entrevistas a sus protagonistas, así como los escándalos y peleas que lo caracterizaron.

El procurador subrayó que en el caso no se verifica ninguna de las circunstancias excepcionales que autorizan una restricción del acceso a información de interés público disponible en internet; ello así, porque no existe un contenido ilícito ni se afecta el honor ni la privacidad de la parte actora.

En particular, resaltó que el contenido objetado no resulta palmariamente ilícito o dañoso, que no es discriminatorio ni incita a la violencia o la comisión de delitos.

Además, reseñó que la reclamante no alegó que la información resultara inexacta o falsa ni que su contenido tuviera un sentido difamatorio dirigido a atacar arbitrariamente su reputación.

Por último, estimó que en la causa no se detectó una afectación de la privacidad ni del derecho a la autodeterminación informativa (es decir, a controlar la difusión de información sobre sí mismo).

Privacidad informativa

Al respecto, señaló que si bien entre los contenidos de los programas cuestionados se mencionan entrevistas en las que se revelan aspectos personales e incluso imágenes que exponen episodios que pueden resultar mortificantes, como peleas y agresiones, la protección de la privacidad informativa no alcanza a aquellos aspectos de la vida personal que el titular consiente revelar al público; en especial cuando lo hace en los medios masivos de comunicación.

“Costeja González”

Bajo esas premisas, Abramovich consideró que no corresponde equiparar la situación de Denegri con la examinada en el precedente “Costeja González”, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2014 , en tanto en ese caso se discutía el bloqueo de información sobre una persona privada relativa a una subasta inmobiliaria vinculada con un embargo por deudas a la seguridad social, ocurrida varios años antes.

Precisó que el tribunal regional excluyó expresamente de la posibilidad de bloqueo supuestos como el que contiene la causa local, en la cual la persona peticionante fue y es una persona pública y la información tiene interés público.

En suma, el representante del MPF reconoció que la demandante puede sufrir malestar ante la difusión de contenidos referidos a una etapa de su vida pública que pretende dejar en el pasado, pero valoró que ello no alcanza para configurar los supuestos absolutamente excepcionales que autorizan a vedar la circulación de información especialmente protegida.

Opinión

En una columna de opinión publicada por Comercio y Justicia cuando se dictó el fallo en discusión, el abogado Sebastián Gamen , especialista en derecho comercial, derecho informático y TIC, planteó: “¿El bochorno es causa justa de obtener el derecho al olvido? En mi opinión, no. Y mucho menos me parece que un juez sea el ‘censor’ que decida algo tan subjetivo como lo que es bochornoso y merezca ser retirado de Internet, afectando el derecho a la información de las personas”.

“Si vamos a evaluar o retirar lo bochornoso, creo que en materia política podemos hacer una fiesta. Ni que hablar los bochornos de muchos jueces, algunos en funciones y aun otros jubilados”, agregó el letrado.

“Disiento del juez en que no hay interés informativo. Se le puede recordar al magistrado que todo ese circo mediático sirvió para demostrar la verdad del caso, envolviendo a un juez y policías corruptos”, manifestó también. “El derecho al olvido no puede confundirse nunca con el derecho a borrar lo que incomoda” , acotó el letrado.