ESCUCHARSe introdujeron 42 modificaciones. Entre ellas, se eliminó la figura de conmoción social y la extradición de extranjeros cuando cometan delitos in fraganti. El proyecto será tratado en el recinto el miércoles 19.
Después de seis jornadas de debate, en las que más de 35 expertos y operadores judiciales presentaron sus ideas, se aprobó ayer en el plenario de comisiones Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda del Senado el proyecto para la reforma del Código Procesal Penal.
La propuesta cosechó 42 modificaciones y quedó así en condiciones de ser tratado y aprobado en la Cámara Alta en la sesión del miércoles 19. “Los grandes temas que generaron debate fueron modificados”, dijo el senador Miguel Pichetto, al promediar la discusión para la firma.
Entre los cambios, se eliminó la “conmoción social” como factor para disponer una prisión preventiva y se introdujeron modificaciones en la expulsión de extranjeros, otro de los artículos que generó grandes controversias.
Pese a todo, los radicales advirtieron de que presentarán un dictamen de minoría, con propuestas en los artículos referidos al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y para incluir el juicio por jurados.
Pidió “una semana más para tratarlos”, solicitud a la que se sumó el socialista Rubén Gustiniani. Ante la inquietud, el senador Aníbal Fernández, aclaró: “Hay un compromiso para incorporar modificaciones in voce en la sesión del 19”.
Más cambios
Hubo otros cambios de “fondo, de forma y de técnica legislativa”, explicaron asesores de la comisión. Pero, antes de detallar las modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Rodolfo Urtubey aclaró que este nuevo CPP comenzará a regir para “hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley que regule la aplicación del nuevo sistema, cuya redacción quedará a cargo de una comisión bicameral”.
Entre los diversos cambios registrados en el dictamen de comisión, está la posibilidad de las partes de producir prueba en la causa, incluyendo así a las víctimas que actúen como querellantes y asistiéndolas para ello los operadores del sistema. Además, el proyecto promueve la creación de una Oficina Judicial para que cuestiones administrativas como licencias, administración del personal, o la disposición de salas para los debates, no recaigan sobre los jueces. Y la prohibición a que los operadores judiciales vuelquen “expresiones estigmatizantes” sobre las personas imputadas, atentos al principio de inocencia.
El dictamen aprobado en el plenario de comisiones señala que está prohibido alojar a personas privadas de libertad en lugares no habilitados, o que no cumplan “mínimas condiciones de salubridad”. Y sobre esto hace responsable a quienes dispongan las medidas de detención, las “autoricen, apliquen o consientan”. Por otra parte, se aclaró que, si bien las personas imputadas no están obligadas declarar, tendrán la libertad para hacerlo cuantas veces quieran.
También se dejó sin efecto la posibilidad de que la Procuración General de la Nación disponga de la distribución de las causas; ahora su asignación se realizará mediante un “sorteo que garantice la distribución equitativa”.
