Su vicepresidente admitió que ese cuerpo no alcanzó el promedio de 50 concursos concluidos. También advirtió de que entre el Senado y el Poder Ejecutivo se acumularon 38 acuerdos
El Consejo de la Magistratura de la Nación sigue teniendo como principal desafío para 2017 poder avanzar con mayor celeridad en la cobertura de vacantes que se generan en el Poder Judicial de la Nación.
Con la presidencia de Miguel Piedecasas, el año pasado su gestión logró elevar 38 ternas: no alcanzó el objetivo promedio que se había propuesto, de terminar 2016 con 50 concursos.
Sin embargo, la responsabilidad de la mora no es exclusiva del organismo encargado de la selección y destitución de funcionarios y magistrados. Según reveló el abogado, entre el Poder Ejecutivo y el Senado se acumularon durante 2016 un total de 38 acuerdos.
“La gestión no logró el resultado deseado, de 50 ternas de promedio. Pero la deuda con la sociedad no es solamente del Consejo sino también del Poder Ejecutivo (22 designaciones pendientes) y del Senado (14 acuerdos pendientes)”, señaló el hoy vicepresidente del cuerpo y representante de los abogados del interior.
Para Piedecasas urge que “todos” optimicen el circuito para la designación de los jueces de la Constitución, y recordó que “hasta 2010, el promedio de elevación de ternas fue de 52 por año, pero luego de ese año y durante los cinco que siguieron el promedio bajó a 13, con lo cual se acumularon 200 ternas sin elevar y por ende igual cantidad de vacantes a cubrir”.
Y consignó: “Arrastramos un pasivo en la gestión de ternas que perjudica gravemente el funcionamiento del servicio de justicia”, y recordó que a este pasivo acumulado se le agregan las vacantes que se generan todos los años por fallecimiento, renuncias y jubilaciones.
En tanto, Piedecasas recordó que el Congreso dejó pendiente en 2016 la nueva Ley de Subrogancias, dado que la ley 27145, sancionada durante el gobierno anterior, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El abogado y consejero recordó que durante todo el año el Consejo de la Magistratura “reclamó el dictado de una ley que no fue lograda por el Congreso y, por ende, hizo que el Consejo se hiciera cargo de esta problemática sin un marco normativo claro y preciso”.
