Comienzan los alegatos en el segundo juicio del Registro

El segundo juicio oral y público por los presuntos fraudes cometidos en el Registro General de la Propiedad ingresó en la recta final, cuando la Cámara 10ª del Crimen escuchó ayer al último de los testigos que pasó por la audiencia oral y pública que comenzó el pasado miércoles.
Tal como estaba previsto, los alegatos se escucharán mañana y el próximo jueves los cinco acusados tendrán derecho a hacer uso de la última palabra. Las expectativas están puestas en las nuevas declaraciones que podría vertir uno de los imputados: Daniel Osvaldo Cerdá, quien fuera condenado en el primer debate a cuatro años y dos meses de prisión.

Acusaciones

Según trascendió, el hombre que adquirió notoriedad cuando acusó a funcionarios del Registro General y a funcionarios provinciales del gobierno de José Manuel de la Sota, podría esta vez continuar involucrando a otras personas e, incluso, aportar pruebas que demuestren sus dichos.
Además de Daniel Osvaldo Cerdá, están acusados su esposa, Silvia Alejandra Barrera; el suegro, Victorio Benjamín Barrera, y la hija del matrimonio, Natalia Cerdá. Los cuatro fueron condenados en el primer juicio, aunque dos de ellos recibieron penas de ejecución condicional. El quinto y nuevo imputado es un comerciante oriundo de Río Ceballos, Roque Sharbel Achad, quien había solicitado la suspensión del juicio a prueba, planteo que llegó al Tribunal Superior de Justicia, donde finalmente fue rechazado.
Al comerciante Achad se le atribuye haberse apropiado ilegítimamente de un departamento ubicado en barrio Alto Alberdi, utilizando documentación apócrifa que le habría encargado a los demás imputados. Por ese hecho se lo citó a juicio como coautor de los delitos de falsificación de documento público, falsedad ideológica, supresión y sustitución de documento público, uso de documento y usurpación.

SIN SUSTENTO
Al fundamentar las condenas del primer juicio, los integrantes de la Cámara 10ª del Crimen descalificaron las acusaciones que Daniel Cerdá realizó contra la actual titular del Registro, María Cristina Cáceres de Dunkler, y el secretario del organismo, Carlos Rodríguez. Al respecto, los jueces remarcaron que fue justamente la “oportuna acción de ambos funcionarios” lo que permitió el esclarecimiento de las maniobras realizadas.

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