Comienzan las audiencias por las explosiones en la UNRC

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba comenzará a escuchar a partir de hoy los planteos que realicen los abogados defensores y la querella, en el marco de la investigación por las explosiones en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), en la que murieron cinco docentes y un estudiante.

Tras escuchar a las partes, la Sala B del tribunal -integrado por Luis Rueda, Abel Sánchez Torres y Octavio Cortés Olmedo- quedará en condiciones de ratificar o revocar las imputaciones dictadas por el juez de Río Cuarto, Carlos Ochoa.

Entre los procesados se encuentran los representantes de la firma De Smet, Javier Boretti y Aníbal Demarco; el ex vicedecano de Ingeniería, Carlos Bortis; el ex secretario de Coordinación Técnica y Servicios, José Luis Pinzini; el responsable del comité de Seguridad, Sergio Antonelli, y las directora y vicedirectora del Departamento de Tecnología Química, Miriam Ferrari y Edith Ducrós.

A los siete se los acusa como coautores del delito de estrago culposo agravado por la muerte de personas y, en el caso de ser hallados culpables, podrían recibir una pena de hasta cinco años de prisión.

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En el marco de la misma causa, Ochoa también dictó la falta de mérito para Diego Moitre, ex decano de Ingeniería, quien estuvo de licencia cuando se firmó el convenio entre la fundación de la universidad (presidida por Bortis) y la empresa De Smet.

La causa
La explosión de los 13 tambores de hexano, que contenían 2600 litros de la sustancia, se registró en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería, en la mañana del 5 de diciembre de 2007. El solvente era utilizado por los miembros del Grupo de Investigación y Desarrollo de Productos Oleaginosos (Gidpo) para un proyecto de extracción de aceite.

Si bien las pericias practicadas no pudieron determinar en forma fehaciente las causas que motivaron el derrame, debido a que los elementos que posiblemente pudieron haber fallado y así ocasionado el comienzo del siniestro se encontraban totalmente destruidos, el magistrado consideró que las pruebas colectadas eran “harto suficientes para demostrar la concurrencia de factores humanos y materiales que contribuyeron a que el siniestro se desatara con las lamentables consecuencias de víctimas fatales y daños materiales”.

Según Ochoa, “el criterio de evaluación de la investigación a realizar, específicamente las relativas al material usado (calidad y cantidad), la nula seguridad del sitio, así como el desarrollo del experimento, fueron equivocados y hasta obstinados”.

El juez sostuvo que “se infringieron u omitieron elementales pautas técnicas y de seguridad, como también las relacionadas al control y el sentido común”.

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