Están acusados Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga, Carlos Otero Álvarez y Ricardo
Haro. La audiencia se abrirá a las 9.30 con la lectura de la acusación. Se espera que a principios
de septiembre haya alegatos. El tribunal será presidido por Julián Falcucci
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba comenzará a juzgar desde mañana al ex secretario Penal del Juzgado Federal 1 de Córdoba Carlos Otero Álvarez, al ex defensor oficial Ricardo Haro (luego camarista federal), al ex juez federal N°2 Miguel Ángel Puga, y al ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento en delitos de lesa humanidad –secuestros, homicidios, violaciones y tormentos, entre otros- de los que resultaron víctimas presos políticas que estuvieron en cautiverio en la Dirección de Informaciones (D-2) de la Policía provincial y la Unidad Penal 1 de Córdoba.
El juicio sufrió varias postergaciones y adquiere especial relevancia dado que por primera vez se juzgará la participación de magistrados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Estará a cargo de los jueces Julián Falcucci (presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino. El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta.
De acuerdo con el cronograma previsto por el tribunal, el juicio comenzará – como es de rigor – a las 9.30 con la lectura de la acusación y continuará el 31 de julio con la declaración de los imputados. Se prevé que declare una treintena de testigos y que entre el 4 y el 5 de septiembre se lleven a cabo los alegatos.
Denuncias y testimonios
El proceso se inició a partir de los testimonios de víctimas de la dictadura en distintos juicios por crímenes del terrorismo de Estado realizados en Córdoba desde 2008. Entre ellos, el dirigente de derechos humanos Miguel Baronetto, cuya esposa fue fusilada en la vieja cárcel de barrio San Martín junto a otros 30 presos políticos en 1976. Los testigos declararon que los ex funcionarios eludieron actuar ante graves delitos que cometían represores, incluidos secuestros, torturas, tormentos y asesinatos, cuando en muchos de los casos fueron testigos de esos hechos o recibieron denuncias.
Sin embargo, el ex juez Adolfo Zamboni Ledesma y su entonces secretario Otero Álvarez estaban denunciados desde 1984 en la Conadep por sobreseer sin investigar a los autores de 31 fusilamientos de presos políticos en la UP1. En 2008, Otero Álvarez integró el tribunal oral que dictó la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. En 2009, adelantó su jubilación para evitar el jury que podría haberle costado la destitución.
En tanto, en 2012, el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, actuando como subrogante en Córdoba, sobreseyó a Otero Álvarez, Puga y Fernández porque “pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos” y dictó las faltas de mérito de Haro y Molina. Recién en 2015, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdona revirtió los fragmentos de la resolución de primera instancia que beneficiaban a Otero Álvarez, Haro y Molina, y confirmó los procesamientos de Puga y Cornejo por incumplir “la obligación de promover la persecución penal” y por “encubrimiento de delitos de lesa humanidad”.
Los ex funcionarios judiciales están acusados de encubrir secuestros, torturas y asesinatos de presos políticos que se encontraban a su cargo durante la dictadura. Desde su inicio la causa fue interrumpida en distintas ocasiones debido a apartamientos y recusaciones.
Entre el 30 de abril y el 11 de octubre de 1976, 30 presos políticos a disposición de la Justicia Federal y el Poder Ejecutivo Nacional fueron asesinados por el Ejército y la Policía. Por estos crímenes, en 2010, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados en Córdoba.
