ESCUCHAREl Tribunal Oral Federal de Neuquén dará inició este viernes al juicio contra el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz, quienes llegaron a esta instancia imputados por su actuación en el trámite de los habeas corpus y en las denuncias por secuestros e imposición de tormentos respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado.
Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, mientras que Ortiz ejerció como procurador fiscal federal de la Fiscalía Federal ante aquél órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1° de abril de 1985.
Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también llegó como imputado del delito de prevaricato.
La fiscalía acusó a los exmagistrados por haber efectuado, en sus roles de juez y de fiscal federal, “aportes para la ejecución” de privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos, persecución fundada en motivos políticos y desaparición forzada o exterminio de personas cometidos por las fuerzas armadas y por las fuerzas policiales en el contexto del plan criminal desplegado durante la dictadura.
Según las acusaciones formuladas por el mismo fiscal Palazzani -que serán leídas en la apertura del debate-, las distintas formas de intervención de Duarte y Ortiz “implicaron el incumplimiento de los deberes propios de funcionarios públicos”, pues “habiendo tenido la obligación de brindar protección a las víctimas ante el menoscabo de sus derechos humanos”, omitieron “promover la persecución y la represión de los ilícitos que le fueran denunciados, justificando en muchos casos tales delitos a través de resoluciones basadas en hechos falsos, como así también con posterioridad a ello, mediante un accionar ulterior, simplemente dirigido a garantizar la impunidad de estos crímenes de lesa humanidad”.
