Comienza el debate por el uso de indigentes para evadir impuestos

Entre los 14 acusados hay una ex funcionaria del municipio de Río Cuarto. Habrían conformado una asociación ilícita fiscal que utilizaba a “prestanombres” para obtener beneficios impositivos y eludir obligaciones tributarias provenientes de la comercialización de granos

Después de casi 13 años de pesquisa comienza el debate oral y público que juzgará la responsabilidad penal de un grupo de productores rurales acusados de conformar un asociación ilícita fiscal que, de manera habitual, llevó adelante maniobras de comercialización marginal de granos, sirviéndose de personas de bajos recursos para obtener beneficios impositivos.

De acuerdo a datos suministrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) -querellante en la causa-, la operatoria le habría generado un perjuicio millonario a las arcas del Estado.

El caso tomó estado público en noviembre de 2007, cuando en la sucursal del Banco Francés ubicada en Río Cuarto una madre y su hijo -ambos en situación de indigencia- que se encontraban en la fila para cobrar cheques por importantes sumas comenzaron a discutir abiertamente con una mujer, posteriormente identificada como María Pía Cardoso, abogada de profesión y por entonces funcionaria del Área de Saneamiento de Títulos, dependiente del Instituto de la Vivienda de la ciudad.

Según los dichos de los indigentes, les habían prometido una exigua cantidad de dinero a cambio de presentarse la ventanilla del banco.

“Reclutamiento”

El escándalo en el banco dió inicio a la investigación. Después de múltiples allanamientos, declaraciones y análisis de documentación se estableció como hipótesis que Cardoso, aprovechándose de las facilidades y contactos que le proporcionaba su trabajo en municipalidad (en el cual accedía a padrones de beneficiarios de planes sociales) habría reclutado personas de escasos recursos y bajo nivel de instrucción para que actuaran como “prestanombres”, con el fin de simular la realización de operaciones de compra y venta de cereales. Todo ello, para encubrir y ocultar a los verdaderos protagonistas de las transacciones, a quienes se les facilitaba la evasión de los impuestos correspondientes.

Durante la instrucción se determinó que, en una primera etapa, las personas en situación de vulnerabilidad hacían certificar sus firmas y eran inscriptas como monotributistas o acopiadores de granos ante el Fisco, para obtener CUIT, clave fiscal, código de autorización y habilitación para recibir cartas de porte -documentos de tránsito obligatorios mediante los cuales se realizan los movimientos físicos de mercadería en las distintas etapas de su comercialización-.

Una vez generada la documentación apócrifa respecto del vendedor -prestanombre y monotribuista- el adquirente de los bienes obtenía el beneficio de los cómputos del crédito fiscal, del Impuesto al Valor Agregado y la deducción del costo respectivo en Ganancias, burlando, además, los regímenes de retenciones impositivas, ya que no alcanza a los monotributistas.

En el caso, el perjuicio al Fisco tiene que ver con la insolvencia del firmante, quien en definitiva no podía hacer frente a las obligaciones generadas a su nombre por crédito fiscal.

El requerimiento de elevación a juicio, firmado en 2016 por el fiscal federal Guillermo Lega, ubica al empresario Atilio Mengo en el rol de organizador de la asociación ilícita fiscal.

La nómina de acusados se completa con Hugo Agüero; Claudio Giles; Vanesa Moyano; Gabriel Ludueña; Francina y Luisina Mengo; Leonardo Petiti; Sergio Bertoni; Eduardo, Daniel y Gabriel Meta y Sebastián Barreiro. El tribunal Federal que llevará a cabo el debate estará conformado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Carolina Prado.

 

  • El caso tomó estado público en noviembre de 2007, cuando en la sucursal del Banco Francés ubicada en Río Cuarto una madre y su hijo -ambos en situación de indigencia- que se encontraban en la fila para cobrar cheques por importantes sumas comenzaron a discutir abiertamente con una mujer, posteriormente identificada como María Pía Cardoso, abogada de profesión y por entonces funcionaria del Área de Saneamiento de Títulos, dependiente del Instituto de la Vivienda de la ciudad.
  • El requerimiento de elevación a juicio, firmado en 2016 por el fiscal federal Guillermo Lega, ubica al empresario Atilio Mengo en el rol de organizador de la asociación ilícita fiscal.
  • La nómina de acusados se completa con Hugo Agüero; Claudio Giles; Vanesa Moyano; Gabriel Ludueña; Francina y Luisina Mengo; Leonardo Petiti; Sergio Bertoni; Eduardo, Daniel y Gabriel Meta y Sebastián Barreiro.

 

 

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