ESCUCHAREl caso tendrá como correlato necesario el alcance de la libertad de expresión en el país; en particular, cuáles son los límites de la sátira y la parodia.
Ayer comenzaron, ante el Juzgado Civil 108 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -a cargo de Susana Novile-, las audiencias del juicio civil por daños y perjuicios que Cecilia Pando -dirigente ultraconservadora que se opone a los juicios contra militares por delitos de lesa humanidad- le inició a la revista Barcelona. La actora aduce haber sufrido un “severo agravio moral inflingido intencionalmente” y pide 70 mil pesos como indemnización.
La contratapa de la edición 193 de Barcelona, que originó la controversia, en 2010, llevaba como título “Las chicas quieren guerra antisubversiva”. Allí, un fotomontaje mostraba a Pando atada al estilo sadomasoquista. “Ceci Pando se encadena para vos”, plasmaba también la página.
Antes de la salida de ese número, la actora se había encadenado al Edificio Libertador -sede del Estado Mayor del Ejército- para reclamar por la detención de militares procesados o juzgados por delitos de lesa humanidad.
Pando sostiene que la imagen debe analizarse en el contexto de sus costumbres y las de su entorno familiar; sobre todo, atendiendo a que es “pornográfica”. Por su parte, Barcelona aduce que no tuvo como propósito dañar el honor de la accionante sino abordar un tema público mediante recursos humorísticos.
Amparo
En 2010, cuando Pando vio la edición en los kioscos, presentó un amparo y solicitó una cautelar para que se retirara de la venta. El planteo fue rechadado pero apeló con éxito: la Alzada ordenó sacar los ejemplares de circulación y prohibió su distribución.
Al contestar la demanda, Barcelona argumentó que no hay ningún contenido erótico ni pornográfico en sus publicaciones, aclarando que no es ésa la “clave” en la cual debe interpretarse la imagen. “La revista ejerce la sátira y la parodia”, recordó, acotando que no hizo otra cosa que “reflejar la noticia protagonizada por la actora” utilizando aquellos recursos.
Los letrados de Barcelona adelantaron parte de la jurisprudencia que se pondrá en juego en el juicio, citando causas en las que se estableció el derecho a publicar caricaturas de figuras públicas.
Entre aquéllas está el fallo “Hustler Magazine versus Falwell”, de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que se valoró que la caricatura no puede causar daño psicológico (ver aparte).
También figura el caso “Balbín contra Editorial Atlántida”, en el cual la Justicia determinó que la actuación pública o privada de personajes públicos puede divulgarse si está justificada por el interés general. Además, se reseñó el proceso que el hijo de Antonio Bussi inició contra Mario Pergolini por un sketch en el programa Caiga quien caiga. En ese fallo se sostuvo que “la expresión satírica utiliza el humor o lo grotesco para manifestar una crítica” y que “la sátira no genera obligación de indemnizar”.
Tras repasar las sentencias citadas, los abogados de la demandada subrayaron que desde el punto de vista jurídico está “totalmente permitido” por la legislación nacional y comparada ejercer el “derecho de sátira”, como lo hace Barcelona, sin tener que responder civilmente.
Testigos
La primera testigo en declarar ayer fue por la parte actora. Se trata de María Inés Lamolla de Plá, quien lo hizo sólo ante la magistrada y algunos funcionarios judiciales.
Lamolla de Plá habló sobre el “modo de vida” de Pando e hizo énfasis en su condición de madre de familia numerosa y de sus costumbres tradicionales, afirmando que el fotomontaje la afectó porque “la avergonzó”.
Luego fue el turno de los accionados, Ingrid Beck y Mariano Lucano, directora y codirector de la publicación, respectivamente.
Beck reiteró lo que ya dijeron sus patrocinantes al contestar la demanda: que Pando es una figura pública y que la sátira es el principal recurso que utiliza el producto que dirige para expresarse.
En esa línea, recordó que han publicado composiciones fotográficas de casi todas las figuras públicas de la política, del espectáculo y del deporte y enfatizó que no recibieron reclamos.
A su turno, Lucano también explicó el uso de la parodia y del montaje de imágenes que hacen habitualmente. Periodista y diseñador gráfico, contó que Barcelona tuvo una denuncia ante el Instituto contra la Discriminación (Inadi) de una asociación de padres de niños con síndrome de Down por la tapa de una de las ediciones, precisando que en esa oportunidad, después de analizar el material y de escuchar a las partes, la entidad concluyó que los textos eran hiperbólicos y que no podía hacerse una “lectura lineal” en el caso.
Finalmente, la abogada de Pando, Cecilia Palomas, le preguntó a Lucano si la revista le advierte al lector de que se trata de una parodia. La respuesta fue contundente, ya que el demandado explicó que en su staff hay una frase que dice que “Barcelona es una obra de ficción” y que en la tapa se aclara que “no toda la información ha sido debidamente chequeada”.
La segunda jornada del juicio será el 5 de noviembre.
Culpable de tener mal gusto
El caso “Hustler magazine versus falwell”
En el juicio que Pando le inició a Barcelona se decidirá el alcance de la libertad de expresión; en particular, cuáles son los límites de la sátira y la parodia, dos temas que conoce el estadounidense Larry Flynt, editor de la revista Hustler, quien enfrentó a lo largo de su vida varias batallas legales relacionadas con los contenidos que difunden sus productos.
Flynt siempre se amparó en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe que el legislador promulgue leyes que prohíban la libertad de culto, de expresión, de prensa, de reunión o de petición. En 1978, al salir de una audiencia por una denuncia por “obscenidad”, fue baleado por un partidario de la “supremacía blanca”, furioso por haber mostrado diversidad racial en Hustler.
En 1984, la publicación, en esa revista, de una parodia de un conocido anuncio del licor Campari en el cual se satirizó al predicador conservador Jerry Falwell, involucró a Flynt en otra ploémica. La nota contenía una supuesta entrevista a Fallwell en la cual hablaba de su “primera vez”, reconociendo haber mantenido relaciones con su madre, en una letrina.
Falwell demandó a Flynt por difamación y por infligirle daño moral; y pidió una indemnización de 40 millones de dólares.
En la reconvención, el periodista, representado por el abogado de derechos civiles Alan Isaacman, acusó al pastorpor violación de sus derechos de autor, ya que para recaudar fondos para su causa fotocopió y distribuyó la nota entre sus feligreses sin autorización de la revista.
Papel en el debate
Ante un Tribunal del Estado de Virginia, Isaacman aseguró que “cualquier persona en su sano juicio podía entender que lo que leía era una parodia” y que, como tal, no lesionaba la reputación de Falwell.
Por su parte, Flynt dijo que sólo era culpable de “tener mal gusto” y argumentó que si la primera enmienda protegía a una “escoria” como él, también protegería a los demás ciudadanos.
Flynt fue absuelto del cargo de difamación pero condenado civilmente por causarle sufrimiento emocional al demandante.
El fallo fue recurrido ante la Corte Suprema, que avaló la postura del editor de forma unánime, destacando que en la historia del país “la descripción gráfica y la caricatura satírica tuvieron un papel predominante en el debate público y político”.
