ESCUCHARLa Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, creada a partir de los acuerdos de paz de 2016 con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que investiga crímenes cometidos en el conflicto interno, estableció que más de 2.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el noreste del país, en el área donde se construye la mayor hidroeléctrica del país.
“La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha determinado que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia”, señaló el tribunal en un comunicado, el marco de las medidas cautelares que impuso para proteger los lugares donde podrían hallarse cuerpos.
Los crímenes, que se produjeron durante enfrentamientos entre fuerzas guerrilleras, paramilitares y del Estado colombiano en el departamento de Antioquia, tuvieron un “incremento inusitado” a partir de 1996, y el auge se dio durante los años 2001 y 2002, cuando desaparecieron 358 personas.
Sin embargo, la JEP informó que el número viene bajando “de manera consistente” desde 2010.
Los grupos enfrentados, principalmente los paramilitares que en la época combatían a la ex guerrilla, sembraron terror con esta práctica en un vasto territorio del departamento de Antioquia, bañado por el río Cauca y donde se llevan a cabo las obras de la megarrepresa Hidroituango.
El Alto Tribunal estableció que las desapariciones forzadas habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares como el Bloque Mineros y el Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de la antigua guerrilla de las FARC, y por unidades de la fuerza pública.
“En esta región este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que, sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades”, subrayó.
De acuerdo con la JEP, los datos permiten constatar que el grave delito tuvo un incremento inusitado a partir del primer semestre de 1996 con la irrupción de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en Antioquia; en especial, en los municipios de Cáceres y Tarazá (que concentran cerca del 50 por ciento de las víctimas).
Sólo este año la JEP ubicó ocho restos que presentan signos de muerte violenta en el área de la hidroeléctrica.
La Fiscalía, por su parte, exhumó otros 176 cadáveres en los últimos años.
Por el momento, ni la JEP ni Hidroituango precisaron si las investigaciones podrían incidir en los trabajos en curso.
