Cobrará una pensión aunque no llegó a ser adoptado

El joven -quien tiene un retraso madurativo leve- se quedó solo cuando su guardador murió. Una vecina lo asistió. La Justicia enfatizó que durante 23 años el causante ocupó el rol de padre y advirtió de la responsabilidad internacional del Estado

“Pese a que el demandante no ha logrado acreditar el vínculo con el causante debido a que no se tramitó la adopción de manera tal que quedara formalmente establecida la filiación, a la luz del derecho aplicable, de una hermenéutica finalista y teniendo en cuenta los derechos en juego, en el caso concreto debe tenerse por acreditado el vínculo”.

Bajo esa premisa, el Juzgado Federal IV de Mendoza admitió la acción de amparo interpuesta por P .V. en representación de A. J. contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y le ordenó a la demandada que dicte el acto administrativo correspondiente a fin otorgarle el beneficio de pensión derivada por el fallecimiento de su guardador y restablecer la cobertura médico-asistencial en favor del joven.

“El hecho de no haberse concretado la adopción legal del amparista no impide el otorgamiento del beneficio de pensión por fallecimiento de quien, en los hechos y durante 23 años, ocupó el rol de padre”, enfatizó el sentenciante.

El sentenciante estableció que el derecho alimentario del accionante fue vulnerado porque no puede insertarse en el campo laboral y carece de asistencia médica desde la muerte de quien cumplió, durante prácticamente toda su vida, el rol de padre.

En esa línea, consideró que la ausencia de adopción no podía dejar al amparista en peor situación que si ello hubiera sucedido , ya que no sólo no se trata de un procedimiento que estuviera a su cargo o sobre el cual pudiera ejercer algún tipo de control, sino que justamente está pensado en su protección y exclusivo interés.

Así, concluyó que en el caso la omisión en legitimar judicialmente una situación de hecho era un factor más de desamparo que no podía presentarse, a su vez, como antecedente del agravamiento posterior del desamparo por exclusión de los derechos previsionales derivados del estado de familia.

“La denegatoria de acceso al beneficio de pensión impacta significativamente en la capacidad de sustento diario del actor”, estableció, explicando que si -bien percibe una pensión por discapacidad- es insuficiente para cubrir sus necesidades elementales; sobre todo, las referidas a las contingencias de salud que lo aquejan.

Ley 24241

“La redacción del artículo 53 de la ley 24241 vigente no ha sido modificada a fin de garantizar las obligaciones cumplidas por el Estado nacional” , recordó, reseñando que cuando exige la calidad de hijo sin contemplar la realidad de la situación y el trato paterno-filial dispensado más allá de las formalidades “se aparta del fin tuitivo que debe primar en materia previsional y colisiona no solo contra el interés superior del niño, niña o adolescente, sino también con los derechos de personas con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad, de modo que deviene en un dispositivo normativo inconvencional”.

Indicó que la Administración debe aplicar la norma que lo ciñe de modo armónico con los pactos internacionales a fin de evitar hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional.

Aclaró que no se exige la desobediencia de la norma sino “su interpretación y aplicación de un modo armónico con la constitución convencionalizada, intentando compatibilizar la vigencia de ambas”.

En otro tramo de si decisorio, resaltó que la posesión de estado de hijo del actor y la circunstancia de encontrarse a cargo del causante “habilitan y exigen” una interpretación armonizante o constructiva que permita aplicar una norma que se encuentra vigente pero desactualizada en relación al ordenamiento jurídico actual y los principios rectores en la materia, de modo tal que se respete no solo la Constitución Nacional sino también los compromisos internacionales.

“El derecho alimentario del accionante se ve claramente vulnerado por cuanto se encuentra privado de insertarse en el campo laboral y desprovisto de asistencia médica desde la muerte de quien cumplió, durante prácticamente toda su vida, el rol de ‘padre’, independientemente del carácter jurídico que a dicho vínculo le reconoció el juez de familia interviniente”, reiteró.

En tanto, precisó que la acción de amparo era admisible ante la urgencia y demás circunstancias especiales invocadas por la reclamante -una vecina que se hizo cargo del joven cuando el causante falleció-, que la erigieron como “el trámite auténticamente operativo y apto para frenar el acto lesivo denunciado” sin que se trate de una cuestión de complejidad tal que requiera mayor debate y prueba.

“Toda vez que quien demanda es una persona vulnerable y la afectación que cuestiona tiene carácter continuado sobre derechos fundamentales, la atención del reclamo vinculado a su medio de subsistencia no puede esperar”, enfatizó.

El tribunal añadió que debían extremarse los esfuerzos administrativos para conciliar la situación del amparista con la normativa vigente -no solo legal sino supralegal y constitucional- a fin de evitar generar un hecho internacionalmente sancionable; sobre todo, luego de verificarse una intervención estatal previa que no puso fin a la situación de precariedad.

Destacó que el actor tuvo estado de hijo de los causantes a lo largo de su vida y que esa circunstancia, si bien es meramente fáctica, puede generar consecuencias jurídicas.

“Si bien el actor no goza de reconocimiento filial respecto del causante, vivió durante 23 años en ‘apariencia’ de hijo de éste, entablando verdaderamente un vínculo que, aunque no fue filiatorio en los términos de ley, lo fue en la realidad de los hechos”, finalizó.

A su turno, con éxito, en defensor Oficial, J.M., por A.J., en representación del joven, demandó a la Anses.

Narró que en 1997, el Quinto Juzgado de Familia de Mendoza, le otorgó la tenencia de A.J., de cinco años, a la pareja y que desde ese momento cumplió todas las funciones parentales, ya que el menor no volvió a estar a cargo de su madre biológica.

El letrado entendió que la figura jurídica adecuada al caso hubiese sido la adopción, dado que en la práctica el amparista pasó a ser el hijo del matrimonio, y consideró que fue negligencia judicial el no haber consolidado la situación real mediante una sentencia.

En tanto, alegó que acaecido el fallecimiento de la guardadora y, posteriormente, del guardador, A.J. fue asistido por P.V., quien era vecina del matrimonio y lo ayudaba con todos los trámites judiciales y administrativos vinculados al hijo.

Señaló que la mujer contribuyó a que el joven, en razón de su diagnóstico de retraso mental moderado y deterioro del comportamiento de grado no especificado, ingresara ingresar a una institución que contribuye a sus terapias y actividades y que en 2017 fue designada como su figura de apoyo.

Agregó que tras el deceso del padre en febrero pasado, A.J. siguió residiendo en el domicilio que compartían, percibiendo como único ingreso su pensión por discapacidad.