ESCUCHARLa Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó ayer parcialmente la medida cautelar dictada por la jueza Federal Nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, que había ordenado al Estado Nacional poner en marcha un plan de contingencia para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
Si bien hasta ahora la magistrada federal había dispuesto que sea el Gobierno nacional el que intervenga en el diseño de ese programa, los camaristas entendieron que -por el momento-Garzón de Lascano no puede disponer esa medida porque estaría adelantando opinión.
En el mismo fallo, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la magistrada que convoque al Gobierno provincial, en calidad de tercero interesado, para escuchar a los vecinos que reclaman al Estado una solución a este flagelo.
En la Justicia Federal explicaron que una vez que la jueza cite a comparecer al gobernador, éste podría no comparecer y enviar en su lugar a un representante de su Gabinete.
Paralelamente, los camaristas Ignacio Vélez Funes y Rodolfo Martínez pidieron a Garzón de Lascano a que “proceda a dictar sentencia definitiva sobre la demanda planteada a fin de concluir el pleito a la mayor brevedad posible”.
Intromisión
En los fundamentos, el juez Martinez consideró que una medida precautoria como la que fue solicitada y otorgada por la magistrada federal implica “una clara intromisión en cuestiones que competen a otros órganos políticos del Estado, concretamente, a los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Para el camarista, el Poder Judicial no puede, “dentro de los límites que implica un caso judicial específico, disponer medidas que exceden tales límites o parámetros “ y fundamentó su opinión: “Ello importa invadir esferas que no nos competen, alterando o distorsionando la misión y el rol específico del Poder Judicial al que pertenecemos”.
Antecedentes
La causa apelada ante la Cámara Federal de Córdoba se origina en un juicio de amparo entablado en el año 2007 por 497 vecinos del Gran Córdoba representados por el abogado Aurelio García Elorrio, quien en total representa a unos cuatro mil amparistas, distribuidos en diferentes expedientes.
Mientras se desarrolla la causa, en la que se solicitan medidas de seguridad y planes de inclusión laboral, la jueza había accedido al planteo de los amparistas para que en 60 días la Dirección de Inteligencia Criminal elabore un plan especial de contingencia para el Gran Córdoba, a los fines de reforzar el rol de la Policía de la Provincia en la tarea de prevención y erradicación del narcotráfico.
