viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Citan a declarar a exfuncionarios y empresarios por presunto lavado

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El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 4, citó a declaración indagatoria a exfuncionarios y empresarios, en la causa por presuntas maniobras de lavado de dinero en aportes con destino a la campaña presidencial de 2007, de la fórmula “Fernández de Kirchner – Cobos”, del Frente para la Victoria.

Triple crimen
Se trata de los empresarios Carlos Torres (presidente de Multipharma SA); Néstor Lorenzo (director suplente de Multipharma SA); Solange Bellone (presidente de Sanfor Salud SA y viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, Sebastián Forza) y Gabriel Brito (titular de Global Pharmacy SA).

También deberán comparecer los responsables de percibir y administrar los fondos: Héctor Capaccioli -principal responsable de la campaña-, Sebastián Gramajo -exgerente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)- y Hernán Diez – exdirector de Lotería Nacional-.

Torres y Lorenzo fueron convocados para el 29 próximo; Bellone y Brito para el 30 y Capaccioli, Gramajo y Diez para el 31.

A los nombrados se les imputa la participación en una maniobra mediante la cual se aportaron a la campaña presidencial de 2007, que llevó a su primera presidencia a Cristina Fernández, la suma 886 mil pesos, mediante las contribuciones realizadas por las empresas Multipharma, Sanford Salud SA (ex Seacamp) y Global Pharmacy SA, por las cuales se puso en circulación en el mercado dinero no declarado, de origen ilícito, a los fines de “disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta”.

En su decisorio, el magistrado estableció que la modalidad empleada era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio la factura por parte de éstos. Previo a la presentación del cheque en el banco interviniente, se cubría el monto necesario con depósitos de dinero en efectivo, por caja, para encubrir su origen.

Según explicó el magistrado en declaraciones a Radio Nacional, las firmas no pudieron justificar los depósitos y ninguna contaba con capacidad económica para hacer frente a los pagos.

También señaló que no se pudo establecer hasta el momento si el dinero provenía del negocio de la efedrina, pero aseguró que era plata no declarada y que estaba fuera de la capacidad de esas droguerías y laboratorios.

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