Ciccone: mañana declara Núñez Carmona

José María Nuñez Carmona

El imputado había pedido dos postergaciones porque cambió de abogados. El jueves el juez Lijo indagará al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Tras dos postergaciones, el juez federal Ariel Lijo indagará mañana al empresario José María Núñez Carmona, en el marco de la investigación por el presunto “salvataje” de la empresa Ciccone Calcográfica, en la que también está imputado el vicepresidente Amado Boudou.

En tanto, Lijo fijó para el jueves la declaración del ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri. Núñez Carmona está sospechado de haber comprado junto a Boudou la imprenta de papeles de seguridad Ciccone. La mayoría de los imputados y de los testigos lo señala como el “hombre de confianza” del vicepresidente en la maniobra para quedarse con la compañía. El imputado solicitó dos veces que se retrasara su declaración porque tuvo que contratar nuevos abogados defensores.

En tanto, Forcieri quedó en la mira del magistrado luego de que otro imputado, Rafael Resnick Brenner, indicó que fue él quien le pidió que siguiera el trámite de Ciccone con Núñez Carmona, quien nunca tuvo un cargo formal en el Palacio de Hacienda.

Forcieri pidió atrasar su indagatoria argumentando que no volvería a Argentina hasta después del 11 de agosto, por sus obligaciones como director ante el Banco Mundial. Sin embargo, Lijo rechazó su planteo porque no presentó un escrito formal del organismo multilateral que acreditara que se desempeña allí.

Otra causa
Por otra parte, por haber inscripto presuntamente un auto con documentación falsa, Boudou fue citado a declarar por el juez federal Claudio Bonadío, el 1 de julio. El vicepresidente está bajo investigación judicial por inscribir a su nombre un auto Honda CRX Del Sol modelo 92 con papeles apócrifos.

En su defensa, Boudou acusa a los gestores por falsificación de documento y estafa y asegura que compró el rodado legalmente y que los trámites los hicieron personas que no conoce.

La causa judicial se inició en septiembre de 2009 por una denuncia que hizo la titular del Registro de Automotores Número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor realizó una auditoría y detectó la situación irregular del vehículo del funcionario.

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