ESCUCHAREn Chaco, el fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini solicitó el dictado de una medida cautelar para que cesen los desmontes en la provincia e impulsó una investigación en contra de siete imputados – entre ellos, actuales y ex funcionarios y legisladores- por abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, malversación de caudales y asociación ilícita, en el marco de una pesquisa por tala indiscriminada de árboles de bosques nativos.
Ambos pedidos fueron formulados por Sabadini ante la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Los imputados son el gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs; el empresario forestal y ex director de Bosques, Miguel Ángel López; el ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Recursos Naturales y ex ministro de Planificación y Ambiente, Hernán Brunswig.
Sabadini aclaró que la investigación podría ampliarse.
En tanto, al fundamentar la competencia federal ante la jueza, citó que los encausados habrían desplegado maniobras delictivas en violación a la Ley Nacional de Bosques (N° 26.331), a la Ley General del Ambiente (N° 25.675), a la Ley 13.273 (de Defensa, Mejoramiento y Ampliación de bosques) y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
La causa se inició el 3 de julio, a raíz de una presentación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que denunció “un entramado de corrupción” entre funcionarios y personas físicas y jurídicas del sector privado que, según alegó, habilitó la tala indiscriminada de bosques nativos en todo el territorio de la provincia del Chaco, con el consecuente daño irreversible para el ecosistema. Según la agrupación, los hechos se dieron luego de diferentes irregularidades en los últimos años; concretamente, en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que permitieron desmontes indiscriminados.
De acuerdo a la investigación que impulsa el agente, los hechos se ratificaron por las conductas de parte de los acusados en el proyecto de la normativa provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, para beneficiar económicamente a “un grupo reducido” en perjuicio de la sociedad.
Sabadini también pidió investigar el posible desvío de los fondos que la Nación y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le enviaron a la provincia con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
