ESCUCHARLa Cámara Federal confirmó los procesamientos de 14 acusados y confirmó la resolución del juez federal de Villa María, Roque Rebak. Los hechos se remontan a comienzos de 2008 y habrían sido realizados en Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y ciudad de Buenos Aires
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los jueces Ignacio María Vélez Funes, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, confirmó los procesamientos -sin prisión preventiva- de 14 personas acusadas por asociación ilícita fiscal.
Se trata del empresario Fernando Luis Cuello (acusado en carácter de jefe u organizador) y de Natalia de los Ángeles Paulus, Diego Gastón Ludueña, Horacio Omar Cismondi, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rosendo César González, Matías Elvio Giuggioloni, Luis Fernando Farías, Julio Daniel Luján, Daniel Ramón Pelayes y el contador Rubén Adolfo Ceva (como presuntos coautores), en el marco de una causa por evasión con operaciones cerealeras, que alcanzaron 1.700 millones de pesos.
El tribunal confirmó además el procesamiento de María Fernanda Farías y Pablo Martín Zotelo, como coautores de asociación ilícita tributaria.
De este modo, la Cámara confirmó la resolución dictada el pasado 2 de octubre de 2015 por el juez federal de Villa María, Roque Rebak. Por esta causa, varios del imputados estuvieron detenidos y luego recuperaron la libertad.
De esta manera, la causa quedó más cerca del juicio oral y público, aunque todavía los acusados tienen la posibilidad de recurrir a Casación.
La acusación
Los hechos se remontan a comienzos del año 2008, fecha en la cual los imputados se habrían puesto de acuerdo para conformar una organización que -mediante un grupo de empresas que funcionaban bajo la denominación de Corretajes Group SA, FG Cereales SA, Árbol Grande SA, Graneros del Sur SA, entre otros- realizaba continuas actividades tendientes a cometer ilícitos tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal.
Vale decir, la conducta habría consistido en la utilización de personas físicas o empresas que se encuentran registradas en las bases de datos de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) como operadores de granos, pero que en realidad no tienen operatoria comercial alguna o no pueden justificar la actividad que dicen realizar, a los que harían aparecer como prestadores de servicios vinculados con el campo (fundamentalmente intermediarios en la venta al por mayor de cereal), obteniendo ganancias ilícitas mediante acciones de evasión tributaria.
Las maniobras habrían sido realizadas en distintas localidades, entre ellas Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según consta en la acusación.
