ESCUCHAREl fiscal Senestrari había reclamado la captura de Rodrigo, el titular de la firma, entre otros. Mientras tanto continúan las denuncias de los ahorristas daminificados.
Mientras en la Justicia federal continúan presentándose los ahorristas que fueron dammnificados por la financiera CBI Cordubensis, el juez Ricardo Bustos Fierro sigue analizando los pedidos de detención planteados por el fiscal Enrique Senestrari.
Hasta ayer todo hacía presagiar que las detenciones no prosperarán, al menos en esta etapa de la investigación, según adelantaron a este medio fuentes vinculadas con la investigación.
Entre los pedidos de detención se encuentra la del titular de la compañía financiera, Eduardo Rodrigo, y otras personas vinculadas presuntamente con los delitos de estafa y asociación ilícita, como Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Víctor Alaniz, Luis de los Santos, Doris Puccetti, José María Núñez y Daniel Tissera.
Los imputados son investigados por supuestas maniobras fraudulentas mediante el funcionamiento de la entidad, cuyo vicepresidente, Jorge Suau, fue encontrado muerto en su vehículo el jueves 13 de febrero, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono. Aún no se confirmó si fue un suicidio.
Ahorristas
Mientras tanto y paralelamente, el abogado Carlos Nayi, representante de los ahorristas damnificados, adelantó que en total serán 122 las denuncias que presentará en la justicia por un monto que supera 22 millones de pesos.
Otros miles de ahorristas que tenían sus pertenencias en las cajas de ahorros de CBI aguardan la resolución judicial que les permita reabrir las cajas que fueron precintadas o bloqueadas a pedido del fiscal Senestrari.
Según éste, quienes no tengan relación con los hechos investigados «no sufrirán la apertura de sus cajas» porque, aclaró, el objetivo de la medida no es saber el contenido (de las cajas) “sino verificar si pertenecen a personas cuya conducta se está verificando en relación con CBI».
«La idea es que el juez autorice la apertura de aquellas cajas que generen sospechas para ver el contenido, porque, seguramente, en ellas hay pruebas o el resultante de delitos», manifestó.
Allanamientos
El viernes pasado, Senestrari encabezó una veintena de allanamientos en busca de documentación y de material probatorio, en domicilios de Córdoba y de Villa María.
Con la colaboración de personal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), los allanamientos fueron dispuestos con el fin de determinar si había vinculación con el dinero que manejaba CBI, que, según el fiscal, «no contaba con autorización del Banco Central» para operar como entidad financiera.
Antes de ser imputado, el abogado Carlos Nayi había pedido tal medida para Rodrigo, en representación de decenas de ahorristas supuestamente estafados por la entidad, ya que se trataría de «una maniobra defraudatoria a gran escala», dado que los ahorristas «entregaban a CBI dinero y, a los 30 días, debían recibir un interés de 27 por ciento anual sobre el saldo final».
