Cayó un sobreseimiento basado en una propuesta aceptada por la víctima

El juez consideró que los acuerdos apuntan “a la satisfacción de la persona ofendida y no a la del Estado”. La fiscalía recurrió el decisorio, con éxito. Planteó que el cierre del expediente sólo correspondía para el encartado, quien no tiene antecedentes

La Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y ordenó que continúe el trámite de un expediente en el que se dispuso el sobreseimiento, mediante una conciliación, de dos imputados por el delito de hurto en grado de tentativa.

El acuerdo se homologó en septiembre de 2021 a pesar de que la fiscalía se manifestó en contra en el caso de uno de los encartados; entre otros motivos, porque éste tiene antecedentes penales.

En su momento, la defensa propuso la reparación integral como vía alternativa de resolución del conflicto y ofreció 25 mil pesos al damnificado, quien aceptó la propuesta.

La fiscal María Luz Castany planteó que el acuerdo sólo debía prosperar para el hombre que carecía de antecedentes. Explicó que en el otro caso no correspondía por las condenas que registraba el encausado y por la posibilidad de que la pena fuera de cumplimiento efectivo.

Con éxito, las representantes del MPF alegaron que, si bien el nuevo CPPF le asigna al damnificado mayores posibilidades de participación, ello no implica “la privatización de la acción penal en detrimento de la actuación de la fiscalía”.

Agregó que la opinión de la víctima no era vinculante porque no dispone la acción penal y que la posición fundada de la fiscalía es obligatoria para el tribunal. No obstante, el juez Pablo Vega homologó el acuerdo, declaró extinta la acción penal y determinó el sobreseimiento de ambos imputados.

Delitos patrimoniales

El sentenciante destacó que la opinión del MPF no era vinculante debido a que el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) faculta al imputado y a la víctima a realizar acuerdos como el analizado, que se aplican en delitos patrimoniales “que no revisten mayor violencia” y en supuestos de lesiones culposas “sin muerte o extrema gravedad”.

Consideró también que aquéllos apuntan “a la satisfacción de la persona ofendida y no a la del Estado”.

Castany y la agente María Piqué (de la Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional) recurrieron el decisorio.

Expusieron que el magistrado desconoció el carácter vinculante de la oposición fiscal, lo cual vulnera los principios de independencia y autonomía del MPF, titular de la acción penal pública, y con la atribución exclusiva de fijar la política de persecución penal.

Las funcionarias indicaron que el MPF no está vinculado únicamente con el interés de la víctima para expedirse sobre la vigencia de la acción penal porque tiene que promover la actuación de la Justicia “en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

Nuevo Código Procesal

En tanto indicaron que, s i bien el nuevo CPPF le asigna al damnificado mayores posibilidades de participación, ello no implica “la privatización de la acción penal en detrimento de la actuación de la fiscalía”.

Manifestaron también que el juez realizó una interpretación “asistemática” del sistema de sanciones progresivas establecidas en el Código Penal, ya que hizo primar el artículo 59, inciso 6, por sobre los artículos 76 bis, 76 ter, 27 y 50. Indicaron que en ellos se refleja la intención del legislador en establecer un sistema gradual de sanciones que contemple la posibilidad de acceder a ciertos beneficios “siempre y cuando exista un compromiso de la otra parte de adecuar su comportamiento y evitar la comisión de nuevos delitos”.

Bajo esas premisas, las fiscales señalaron que, si bien el artículo 59, inciso 6, no exige expresamente la ausencia de antecedentes condenatorios del imputado, en el caso el hombre estaba detenido cuando le otorgaron el beneficio y tenía una condena de un año y 11 meses de prisión que abarcaba una sanción por un hecho violento (robo agravado por el uso de un arma), otra condena de ejecución condicional y además registraba otra causa penal en trámite.

Por ello, precisaron que la eventual pena en el proceso sería de cumplimiento efectivo.

La casación admitió el recurso de las fiscales. Recordó dos precedentes en los que se sostuvo que la conciliación es un supuesto de disponibilidad de la acción penal por parte de su titular y que su aplicación no puede prosperar en tanto y en cuanto el caso no cuente con un dictamen fiscal favorable, siempre que se encuentre suficientemente fundado y supere el control de legalidad y razonabilidad.

Asimismo, indicó que el artículo 34 del CPPF establece que la conciliación se configura con el acuerdo que se logre entre el imputado y la víctima e impone que en la audiencia de homologación estén presentes todas las partes, que deben ratificarla.

El tribunal razonó entonces que si la acción pública es ejercida por el MPF, sin su conformidad la conciliación no podrá ser homologada.

“La Fiscalía puede oponerse a una conciliación hasta en un asunto con contenido patrimonial y sin grave violencia, siempre que lo haga fundadamente y por cuestiones de política criminal”, estableció.