ESCUCHAREn línea con los argumentos del fiscal general Carlos Amad, de la Unidad Fiscal Salta, del Defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, el juez federal de Revisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de aquella provincia, Luis Rabbi Baldi Cabanillas, confirmó lo decidido por su colega Santiago French y, así, revocó la domiciliaria dictada en favor de María Ester Arroyo, líder de un templo umbanda.
La mujer y su pareja, Juan Soria Villalba, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal Número 2 salteño a las penas de 8 años y 2 meses y de 9 años de prisión, respectivamente, como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por intimidación, por la vulnerabilidad de las víctimas, por haberse consumado la explotación y por ser ministros de un culto religioso, y por las lesiones leves que les infringieron a dos mujeres.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo en septiembre pasado.
Pareja
Arroyo solicitó que se le concediera el beneficio para asistir a su pareja, quien padecía una afección intestinal que requería cirugía.
A pesar de la oposición de la Fiscalía y del Defensor de Víctimas, el juez federal de Ejecución y Sentencia Domingo Batule le otorgó excepcionalmente la domiciliaria planteando que no tenía en claro “la situación de Soria Villalba” ni sus “posibilidades de valerse por sí mismo”, al tiempo que solicitó información sobre su salud y “tiempos de recuperación” para definir, en su caso, en traslado de la penada a un centro carcelario.
Escandar impugnó y requirió que la encausada fuera trasladada a un establecimiento carcelario para cumplir su condena.
En su presentación, a la que adhirió el fiscal general Amad, el defensor indicó que la mujer no era el único familiar de Soria Villalba que podía ayudarlo, sino que con él también convivían una hija mayor de edad y su pareja.
Además, resaltó el reclamo expreso de una de las víctimas y precisó que comparece periódicamente ante la Defensoría para saber sí la mujer condenada fue trasladada a la cárcel.
El 20 de diciembre pasado, el juez French revocó la domiciliaria cuestionada, pero el abogado de la mujer insistió en que se concediera afirmando que su asistida era la persona idónea para cuidar a Soria Villalba.
El planteo fue analizado en una audiencia de revisión. Amad subrayó que la enfermedad del condenado no equivale a discapacidad, a la vez que demostró que otras personas podían asumir su asistencia.
También citó la gravedad del delito por el que fue condenada Arroyo y la obligación del Estado Nacional de que se cumplan las penas dictadas e impedir la sensación de impunidad, a la que definió como “claramente notable en la víctima”, quien está expectante a que se cumpla literalmente la sentencia dictada, que está firme.
Por su parte, Escandar descartó que Arroyo pueda ser beneficiada con la domiciliaria en función de la normativa vigente.
En ese contexto, el camarista Rabbi Baldi Cabanillas confirmó la revocatoria del beneficio y ordenó el traslado de la encartada a prisión.
“Pae y Mae”
La investigación se inició en febrero de 2021, a raíz de una denuncia que expuso que la pareja, cuyos integrantes se hacían llamar “Pae” y “Mae”, captaba a personas en estado de vulnerabilidad.
A través de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda, Arroyo y Soria Villalba explotaban a las víctimas en un “santuario” ubicado a pocas cuadras del casco céntrico de Salta capital.
De acuerdo a la acusación, apelaron a “fuertes actos intimidatorios” en los que invocaban el orden del culto para atemorizar a las víctimas. Según detalló, con ese método lograron que dos mujeres accedieran a prostituirse y entregarles entre el 40 y el 70 por ciento de las ganancias que obtenían.
Dijo también que Soria Villalba y Arroyo se apropiaron del vehículo de una de las damnificadas y que tenían proyectado comprar el inmueble del templo con el dinero que les proveerían las víctimas, lo que finalmente sucedió, tal como se probó en el debate. Por otra parte, subrayó que no se conformaron con quebrar la voluntad de las mujeres, sino que las “exprimieron” al máximo, pues también las tenían bajo vigilancia constante e, incluso, promovieron que una de ellas fuera explotada sexualmente en provincias vecinas y en Bolivia.
