Causa “Vacunas”: declaró comitiva que llevó dosis desde el Posadas a Salud

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano siguen escuchando los testimonios de las personas que tuvieron relación con el denominado “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud de la Nación, que se abasteció con dosis que debía recibir el personal del Hospital Nacional Alejandro Posadas.
Declararon los tres empleados del nosocomio que el 19 de febrero acompañaron a Alberto Maceira, su director, hasta la cartera sanitaria, para aplicarle la Sputnik V al periodista Horacio Verbitsky y a los legisladores oficialistas Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
Se trata de un chofer, de un enfermero -que fue quien inmunizó a aquéllos- y de una empleada administrativa, quien se encargó de registrar lo sucedido.
Los tres coincidieron al describir cómo fue el viaje de las vacunas y sus dichos confirman la existencia del un vacunatorio paralelo y el uso de insumos destinados a trabajadores sanitarios sin acatar el orden establecido en la resolución que dictó en su momento el ex ministro Ginés González García.
Por lo pronto, Taiano imputó a González García; a su ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; a su ex secretario privado, Marcelo Guillé, y a Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos.
El agente determinó que la investigación radicada en el juzgado de Capuchetti (Número 5) se circunscribe “a las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas” y ratificó que “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios habrían sido inmunizados en la institución médica, en el Ministerio de Salud de la Nación y en domicilios particulares”.
En tanto, acotó que las inmunizaciones se habrían efectuado en virtud de las órdenes impartidas por el ex ministro y ejecutadas por Bonelli, Guillé y Collia.
Los primeros en declarar fueron Maceira y tres médicas del Posadas. El directivo aseguró que recibió órdenes verbales de funcionarios cercanos a González García para destinar dosis a “ciertas personas recomendadas”. Explicó que, por ejemplo, el canciller Felipe Solá y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, acudieron al hospital a vacunarse. Además, narró que cuando el secretario del ex ministro le dijo que debía atender a Verbitsky cambió la situación.
En ese sentido, Maceira afirmó que reclamó que no fuera al hospital porque el hecho de ser una persona muy conocida podría causarle problemas y que, lejos de desistir, le indicaron que llevara una decena de vacunas al ministerio de Salud. Por su parte, las médicas del Posadas María Elena Borda (jefa del servicio de medicina preventiva), Lucrecia Raffo (directora general de asistencia médica) y Graciela Torales (coordinadora de atención de pacientes), reconocieron la existencia del “vacunatorio VIP” y explicaron que las órdenes venían “de arriba” y que no quedaron por escrito.
Hay más testimoniales previstas en la causa: una de ellas es la de la ensayista Beatriz Sarlo, quien en un programa de televisión admitió que le habían ofrecido vacunarse sin gestionar su turno.
Mientras la causa judicial avanza, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca saber si la nomenclatura “personal estratégico”, modificada por la sucesora de González García, Carla Vizzotti, luego de que estallara el escándalo, incluye a empleados de los tres poderes estatales.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, le envió oficios a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado; al diputado Sergio Massa, titular de la Cámara Baja, y a Carlos Rosenkrantz, quien encabeza la Corte Suprema.
Parte de los datos que recabó la dependencia se sumó a la instrucción del expediente judicial.