ESCUCHAR“Se puede apreciar una finalidad de apartamiento del juez natural de la causa basado en alguna estrategia defensista y no en elementos objetivos racionales y demostrables”. Bajo esa premisa, el juez federal Julián Ercolini rechazó la recusación planteada por los abogados del ex presidente Alberto Fernpandez en la investigación por la maniobra de los seguros, en la que quedó imputado.
“Las consideraciones realizadas por la defensa no dan lugar a mi apartamiento en la presente causa: no se verifican ninguno de los supuestos expresamente previstos para ello en el ordenamiento procesal, ni tampoco se observan razones fundadas para considerar dudar sobre mi imparcialidad en su trámite, dada la inexistencia de hechos concretos y objetivables que lo justifiquen”, justificó.
Ercolini descartó las dos hipótesis que plantearon los letrados del encausado, a saber: una supuesta enemistad de larga data y la denuncia del ex jefe de Estado por el caso “Lago Escondido”.
Además, recordó que en ninguno de los expedientes anteriores en los Fernández estuvo involucrado y él era juez lo recusó.
Además, subrayó que “pese al cúmulo de medidas” sustanciadas en lo que definió como “la breve pero intensa tramitación del expediente”, Fernández sólo se vio alcanzado recientemente por una serie de cautelares de contenido patrimonial y juzgó que “difícilmente pueda darse entidad a la grandilocuente y temeraria afirmación de que se trataría de una venganza disfrazada de causa penal”, como alegó la defensa.
“Considero que, a los efectos de preservar la garantía de juez natural en este proceso, debo continuar entendiendo, destacando la notoria improcedencia de la solicitud, atento a que los hechos alegados resultan manifiestamente inciertos”, sostuvo Ercolini al rechazar la recusación.
La decisión está ahora en manos de uno de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal: se elegirá por sorteo a Martín Irurzun, Eduardo Farah o Roberto Boico.
La causa se inició en febrero pasado y busca esclarecer las maniobras que se generaron a partir del decreto 823/21, que dispuso que las empresas estatales debían implementar la contratación de las pólizas que requirieran en el ejercicio de su función a través de la firma Nación Seguros SA, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano, mediante un convenio interadministrativo.
En ese contexto se habilitó la posibilidad de que se sumaran otras aseguradoras en forma de coaseguro”. Eso dio lugar a la participación de intermediarios y organizadores, como el empresario Héctor Martínez Sosa.
