ESCUCHAREl juicio oral donde se ventilan las causas de abuso sexual contra niños hipoacúsicos del Caso Próvolo, donde son juzgados los curas Nicola Corradi (83), Horacio Corbacho (59), y el jardinero Armando Gómez (48), comenzó ayer su etapa de alegatos, que debieron interrumpirse porque Corradi se descompensó y debió ser hospitalizado.
Por su parte el fiscal Gustavo Stroppiana, que llevó adelante toda la etapa de instrucción de la causa, inició su alegato hablando del Instituto Antonio Próvolo y se refirió al tema edilicio.
Luego se centró en las víctimas, trazó el perfil psicologico de los acusados, aportó otros datos que se fueron acumulando en la larga instrucción de la causa, y confrontó los descargos de Corbacho y Gómez.
El representante del Ministerio público resaltó la situación de sometimiento a que eran expuestos los supuestos damnificados, haciendo hincapié en los menores de edad que se encontraban albergados en la institución.
También apuntó al sistema de omisión de denuncias y a la participación primaria de otros miembros del Próvolo, para que se dieran estos delitos de manera sistemática, que será tema de debate en la tercera causa que se desprende de esta, que es la principal.
La audiencia tuvo que pasar a un repentino cuarto intermedio ya que mientras estaba haciendo su alegato el jefe de los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, el cura Corradi sufrió una descompostura, por la que se lo atendió en la sala -allí se dispuso el cuarto intermedio-, se lo trasladó de inmediato al consultorio médico del Palacio de Justicia y luego se lo derivó al Hospital Central.
En el nosocomio fue sometido a un chequeo más profundo, le diagnosticaron un cuadro de lipotimia y decidieron continuar la audiencia sin el octogenario.
Al volver del cuarto intermedio, continuó exponiendo Iturbide, quien continuará hoy con su alegato, luego del nuevo cuarto intermedio.
Luego del jefe fiscal, será el momento en el que expondrá la querella.
En ese sentido, Sergio Salinas, abogado de la querella, y representante de la ONG Xumek (Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos), en declaraciones a la prensa, adelantó que van a pedir “las penas máximas”.
“Van a estar en el límite de 50 años. Si uno sumara la cantidad de penas dan números estrafalarios, pero en la ley Argentina tiene un límite que es el tope jurídico, pero en realidad están los mínimos cuando uno suma”, agregó el asesor letrado.
Salinas también cargó contra la Iglesia, aseguró que “fueron cómplices” y agregó que durante la investigación ni después recibió un llamado de la Iglesia. “Que hagan lo que dice el comité de los derechos del niño, que repare y las escuche a las víctimas”, advirtió.
