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El director del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró, analizó el fenómeno de la violencia institucional con foco en Córdoba, los patrones policiales históricos, lo que está ocurriendo en pandemia y el rol que deberían tener la autoridad política y el Poder Judicial en el control y supervisión de las prácticas de la policía
Mientras los investigadores del crimen de Valentino Blas Correa, el adolescente de 17 años que recibió un balazo en la espalda cuando circulaba en un auto con amigos por la ciudad de Córdoba, aguardan los resultados de distintos peritajes antes de indagar a los dos policías detenidos por el crimen, el caso no deja de generar múltiples aristas de análisis sobre la violencia institucional. “Hemos visto en un período corto de tiempo, en un par de meses, una sucesión de casos muy graves en distintos puntos del país. Es lo que llama la atención”, dimensionó ayer Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El doctor en Ciencias Sociales hizo foco en Córdoba, analizó el fenómeno, los patrones policiales históricos, lo que está ocurriendo en pandemia y el rol del poder político y el poder judicial sobre la policía. “El control que se haga desde la autoridad política tiene que ser aún más fuerte en este período extraordinario. Cuando las cosas empiecen a volver a la “nueva normalidad”, parte de esta gran discusión sobre el tema de la violencia policial es, sin dudas, el rol de los funcionarios judiciales en el control y supervisión de estas prácticas”.
En el caso de Blas Correa se hace referencia a la violencia institucional; ¿observa el CELS particularidades de la provincia de Córdoba respecto al resto del país?
Córdoba tiene sus particularidades y su tradición. El fenómeno ocurre en todo el país, la diferencia está en cuáles son las respuestas políticas que se dan a partir de los fenómenos.
La particularidad de Córdoba es que es una provincia que ha tenido algunos patrones de violencia y de políticas públicas muy complicados desde hace muchos años, con esto me refiero a que las políticas de seguridad se han encarado casi únicamente desde el punto de vista del endurecimiento de la creación de nuevos cuerpos policiales permanentemente y aun cuando han surgido problemas muy graves de corrupción o de vinculación de altos funcionarios policiales con mercados ilegales, por ejemplo, eso no ha dado lugar a una transformación profunda de la policía.
Si a ello le sumamos que, en general, ante los casos violentos que se venían dando hasta este último de Blas Correa, casi siempre fue una respuesta de tratar de minimizar la situación o de no avanzar con ninguna decisión hasta que fuera la justicia que indique qué fue lo que sucedió. Entonces, vemos que en general es muy poco proactiva la respuesta política en términos de la sanción de la violencia institucional, pensando que siempre esta sanción tiene -o pueda tener- un efecto de prevención, en cuanto a mensaje que se da que determinadas prácticas no van a ser toleradas. Todo eso venía siendo muy complicado en Córdoba. Ahora, lo que estamos viendo a través de los medios, a partir del caso de Blas Correa, es que parecería haber alguna reacción pero no tenemos en claro si eso va a tener una materialización concreta en políticas que realmente se proponga modificar las conductas violentas de la policía o si son más bien anuncios que van a quedar en nada.
Una de esas reacciones fue la remoción de la cúpula de la Policía en la capital.
Ésa es una diferencia en relación con casos anteriores también de “gatillo fácil”, de pibes asesinados en controles policiales a los que les dispararon por la espalda. No es que no hubiera sucedido algo así, pero no había habido por lo menos este tipo de primera respuesta política. Y eso tiene que ver con cómo a partir de la pandemia y de un cambio de gobierno el tema se instaló de una manera distinta. Ahora el interrogante es si ese modo, ahora que el tema de la violencia policial está en la agenda, de alguna manera requiere de algunos gestos más fuertes, y si eso va a alcanzar para hacer reformas profundas.
¿Tienen estudiado de qué manera influye en las respuestas gubernamentales cuando las víctimas son de clase popular y cuando son de clase media?
En términos históricos siempre influye cuando es un caso que afecta a la clase media, influye lo que podríamos llamar la noticiabilidad del caso. Obviamente los medios prestan mucha más atención cuando hay un abuso policial de cualquier tipo, en este caso es un hecho gravísimo y extremo, pero incluso a veces menos graves, también llegan a ser noticias cuando las víctimas son de clase media. Hay un estudio que hicieron del comportamiento de la policía cordobesa durante la pandemia, que lo hizo la Universidad Nacional de Córdoba. Una de las hipótesis que lanzaban es si a partir de que el trabajo policial por el tema del control de la pandemia se expande, se refuerza y tiene nuevas atribuciones, si eso hace que la clase media empiece de nuevo a mirar a la policía con cierto recelo porque también la gente de clase media puede ser parada o detenida ahora mientras que en las condiciones normales, prepandemia en general, ese tipo de prácticas estaban destinadas solamente a las personas de los sectores populares. Ahora este caso gravísimo (de Blas Correa) viene a reforzar esa pregunta también.
En el estudio mencionado, los resultados son determinadas observaciones de patrones de cómo se está comportando la policía en la pandemia. Como en todos los lugares donde se vienen haciendo estos estudios el resultado principal es que no se trata de prácticas nuevas sino más bien que la policía cuando se la pone a controlar el cumplimiento de la cuarentena, que es una tarea que se la da la autoridad política, va a realizar ese control de la misma manera que se viene comportando históricamente. Sin duda va haber casos de abusos, de maltrato, de malas interacciones con las personas. Por eso, desde el principio de la cuarentena, nosotros desde el CELS y desde muchísimas otras organizaciones lo que se viene diciendo es que en situaciones como estas se requieren mecanismos de control del accionar policial mucho más ajustados. El Ministerio de Seguridad de la Nación dio alguna respuesta a eso, dio algunas recomendaciones hacia sus efectivos de las fuerzas federales, algunos provincias retomaron esas recomendaciones y después lo que hay que ir monitoreando es que cuando aparecen casos, denuncias, haya efectivamente respuesta y sanción de esas denuncias.
Con respecto al control de la polícia, ¿qué están observando sobre el rol de la Justicia?
Así como la policía está totalmente movilizada durante este período de cuarentena, el Poder Judicial está en buena medida desmovilizado; se tomaron ferias extraordinarias, según cada lugar, pero en general hay menor dotación de personal y mucha menor presencia del Poder Judicial y esto es un problema. Ya históricamente antes de la cuarentena la ausencia -en muchos casos, no siempre, funcionarios judiciales los hay de todo tipo, los súper comprometidos y los que no- pero hay una tendencia que es a no controlar lo que hace la policía en el lugar y en el momento. Pienso sobre todo en cuestiones como el allanamiento. Obviamente no se puede controlar lo que la policía hace deteniendo a una persona por la calle, el patrullaje o en flagrancia, eso es imposible para un operador judicial. Pero en allanamientos donde el funcionario judicial tendría que tener una presencia de control, en general no la tiene y eso se exacerbó durante la cuarentena por una cuestión de que la mayor parte de los funcionarios judiciales tampoco están saliendo y eso es un problema. Por eso, el control que se haga desde la autoridad política tiene que ser aún más fuerte en este período extraordinario. Cuando las cosas empiecen a volver a la “nueva normalidad”, parte de esta gran discusión sobre el tema de la violencia policial es, sin dudas, el rol de los funcionarios judiciales en el control y supervisión de estas prácticas.
Se prevé que los policías detenidos serán indagados la semana próxima
Los investigadores del crimen de Blas Correa aguardan los resultados de distintos peritajes antes de indagar a los dos policías detenidos por el crimen, informaron ayer fuentes judiciales. El secretario de la fiscalía que investiga el caso, Gabriel Prunotto, aseguró que “se está trabajando en la recepción de pruebas” antes de las indagatorias de los policías detenidos Javier Alarcón (31) y Lucas Gómez (35), que se estima que se realizarán la semana próxima, acusados del delito de “homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego”.
