ESCUCHAREl procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, envió una nota al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en la que explica que es indispensable contar con más tiempo para adecuar la infraestructura y la coordinación con el Poder Judicial de la Nación y el resto de los organismos competentes para la implementación en Rosario el Código Procesal Penal Federal que instaura el sistema acusatorio e implica mayores facultades para los fiscales en las investigaciones.
La Resolución 2024-63 dictada por el ministerio de Justicia dispone la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, a partir del día 18 de marzo de 2024 y exhorta a las autoridades de las instituciones comprendidas que ejecuten las acciones conducentes para asegurar la plena operatividad del nuevo régimen procesal en coordinación con el Ministerio de Justicia.
En ese marco, la Procuración ratificó el compromiso institucional “con la necesaria y pronta implementación del nuevo régimen procesal en dicha jurisdicción”.
Casal advirtió que “es indispensable la adecuación de la infraestructura edilicia para las exigencias del nuevo modelo organizacional del Ministerio Público Fiscal -las unidades fiscales- y que permita garantizar el resguardo de evidencia, la recepción y alojamiento transitorio de personas detenidas, el reemplazo del tradicional expediente a un legajo digital, así como la correcta atención de las víctimas y testigos.
También recordó la situación de colapso que atraviesan los laboratorios forenses que trabajan en coordinación con la justicia federal de Rosario y que “se vería incrementada por la celeridad que exige el nuevo sistema acusatorio, lo cual, de no poder solucionarse en este exiguo plazo, atentará contra una de sus principales virtudes”.
“En definitiva, los avances institucionales señalados en el proceso de transición al sistema acusatorio, en particular en la jurisdicción federal de Rosario, son notorios, pero resultan insuficientes para la inmediata puesta en marcha del referido código de forma”
Casal se refirió a la experiencia adquirida en el proceso de implementación que se llevó a cabo en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en 2019, donde la puesta en funcionamiento fue dispuesta con una antelación de casi 3 meses.
Por ello estimó que establecer un plazo similar resultaría prudente en esta ocasión, como mínimo, teniendo en cuenta las necesidades y complejidad de la jurisdicción en cuestión.
