ESCUCHARLa diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) presentó un pedido de juicio político contra la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, «por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública». La acusa por la «ilegal designación de fiscales» y por su «parcialidad» en investigaciones que involucran a ex funcionarios del gobierno anterior.
La propuesta contó con la adhesión del jefe del radicalismo, Mario Negri, y de la operadora oficialista Silvia Lospennato, entre otros legisladores, y de esta manera la alianza Cambiemos -del presidente Macri- redobló la ofensiva contra la procuradora, ya que esta iniciativa se suma al proyecto de reforma del Ministerio Público.
La propuesta impulsada por la jefa de la CC-ARI reactiva un proyecto de resolución presentado en 2013 en el que ya pedía el enjuiciamiento de la procuradora, y se prevé que la Comisión de Juicio Político, que preside Álvaro González (PRO), lo incluya en su agenda.
La propuesta establece «promover juicio político contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley Orgánica del Ministerio Publico -N° 24.946- y los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional».
Entre los fundamentos, Carrió resaltó que «Gils Carbó se encuentra imputada en varias causas judiciales por la posible comisión de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, puesto que, entre otras actuaciones irregulares, habría designado fiscales ilegalmente».
Según explicó, la procuradora también «ha sido acusada de realizar maniobras tendientes a encubrir, a través del ejercicio de sus funciones, a funcionarios o personas del círculo de confianza más cercano de la ex presidente de la Nación», Cristina Fernández.
Finalmente, Carrió sostuvo que Gils Carbó, con «una serie de resoluciones», condujo al «debilitamiento del control por oposición y externo de la utilización de los recursos económicos de la Procuración General de la Nación».
