La diputada citó la causal de mal desempeño. También se refirió a la presunta violación
de deberes éticos y citó que no cumple con las condiciones de decoro y morales que
exige la investidura del cargo que ejerce. Además, se refirió a la presunta comisión de delitos
Luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, le envió cartas documento a la jueza federal María Romilda Servini y a la diputada Elisa Carrió, exigiéndoles que en 24 horas desmintieran públicamente lo que definió como “falsas acusaciones” sobre supuestas “presiones” en contra de ambas, las que él consideró “gravemente lesivas de su honor e imagen personal”, la legisladora presentó en la mesa de entradas de la Cámara Baja un pedido de juicio político en contra del juez, por mal desempeño, violación de deberes éticos y eventuales delitos.
También citó que el vocal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce. La semana pasada, tanto la magistrada como la líder de la Coalición Cívica criticaron a Lorenzetti luego de que el Máximo Tribunal validó -en un fallo mayoritario- el límite de 75 años establecido en la Constitución Nacional para la función judicial, que deja a Servini, de 79 años, al borde del retiro.
Esa sentencia profundizó el enfrentamiento entre Lorenzetti y Carrió, quien pidió la continuidad en el ejercicio de sus funciones tanto de Servini como del camarista platense Leopoldo Schiffrin, reclamante en la causa que el Alto Cuerpo resolvió en sentido adverso a su pretensión.
En tanto, Servini denunció supuestas “presiones” en su contra y aseguró tener conocimiento de que otros magistrados también fueron “apretados” para “cerrarle causas” a Lorenzetti. “El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso, en la presidencia de la Corte”, sostuvo Carrió en los fundamentos de su proyecto de resolución.
Mediante un comunicado, aclaró que ampliará su presentación con el análisis del rol del actual presidente de la Corte en la implementación de los seguros ambientales, así como de su vinculación con las empresas aseguradoras que prestan el servicio. “Se entregará la documentación que prueba hechos de gravedad institucional y un análisis sobre la matriz de relaciones, que incluyen sociedades secretas a fin de cooptar a sectores importantes del Poder Judicial en beneficio de intereses empresarios, corporativos y sindicales, con el fin de garantizar la impunidad”, acotó.
Entre las personas que la diputada pidió que sean citadas a declarar figuran los jueces Servini y Ariel Lijo; el ex senador Mario Cimadevilla; el ex secretario General de la Presidencia, Carlos Zanini; el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y su antecesor, Leandro Despouy; la diputada porteña por la CC-ARI Paula Oliveto Lago y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Además, adelantó que solicitará la conformación de una comisión investigadora de las irregularidades del Poder Judicial. El pedido de Carrió se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional y debe ser aprobado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados para que pase al Senado. Previo a ello, debe ser tratado por la Comisión de Juicio Político, presidida por el macrista Álvaro González.
