Cánovas Badra quedó más cerca del juicio oral y público

Tras un largo peregrinar por la Justicia, la causa por el crimen del adolescente David Moreno finalmente llegaría este año a juicio oral con el policía Hugo Cánovas Badra sentado en el banquillo de los acusados como principal imputado.
Ocurre que tras la elevación a juicio que dispuso en febrero último el fiscal de instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, la causa llegó hasta la Cámara de Acusación donde, según pudo conocer Comercio y Justicia, se declaró inadmisible el recurso de oposición planteado por la defensa del policía.
Además de Cánovas, quien está imputado como autor del delito de homicidio simple y lesiones graves, también están acusadas de falso testimonio las oficiales Daniela Alejandra Adán y Laura Estela Freyre. Con respecto a éstas últimas, la Cámara de Acusación sólo dio trámite al planteo de Adán.

En ese contexto, y para intentar evitar lo que resultaría inminente, el abogado de Cánovas, Hugo Uannini, adelantó a este diario que hoy presentará un recurso de casación en contra de la decisión adoptada por la Cámara de Acusación.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá resolver si otorga una nueva prórroga a la prisión preventiva de Cánovas, que vence a finales de abril. Teniendo en cuenta que ya se cumplieron cinco meses de la extensión de la preventiva dictada al acusado, éste sólo podría permanecer privado de la libertad otros siete meses, antes de la sustanciación del debate oral.

Circunstancias

La muerte de David Moreno se produjo en la puerta del supermercado Minisol de Villa 9 de Julio, cuando un grupo de personas intentaba saquear el negocio, entre el 20 y 21 de diciembre de 2001, en la etapa final del gobierno de Fernando de la Rúa.
En la elevación a juicio se sostuvo que Cánovas disparó cartuchos con proyectiles de plomo que provocaron la muerte del niño y heridas a otras tres personas, cuando la policía sólo estaba autorizada a usar cartuchos antitumultos, rellenos con proyectiles de goma. En la acusación, se deslindó de responsabilidad penal a los funcionarios que estaban ejerciendo el poder en el 2001 y se liberó de culpa y cargo a los comisarios Pezzi y Puzetta, sobre los cuales operó la prescripción.

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