El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quiere establecer un control férreo de las armas de fuego.
Ante la escalada de tiroteos en Estados Unidos, el Partido Liberal que encabeza Trudeau presentó un proyecto parlamentario que incluye una veda casi total de la compraventa, transferencia e importación para los particulares.
El texto que llegó a la Cámara de los Comunes (diputados) prevé algunas excepciones a la prohibición de la adquisición de armamento por parte de los ciudadanos, pero limita su número total a escala nacional y las veta para quien haya cometido delitos.
“Cuantas menos armas de fuego haya en nuestras comunidades, más seguros estaremos todos”, declaró el primer ministro.
“Solo tenemos que mirar al sur de la frontera para saber que si no actuamos con firmeza y rapidez, la situación empeorará y se hará más difícil de contener”, añadió.
Según el mandatario, aparte del uso de armas para el tiro deportivo y la caza, no hay ninguna razón para que los canadienses necesiten armas de fuego en sus vidas cotidianas.
Las armas cortas se han convertido en un problema en distintas ciudades canadienses.
El año pasado, el Gobierno federal les propuso a las autoridades regionales imponer controles más estrictos y ahora, ante el flagelo de violencia que asola a EEUU, directamente plantea congelar la venta, compra, transferencia o importación de pistolas en todo el territorio, salvo para los individuos que ya las posean.
Marco Mendicino, ministro federal de Seguridad Pública, indicó que el uso de armas está relacionado con 75% de robos con violencia y 60% de homicidios.
La iniciativa rescata algunas medidas federales que fueron postergadas antes de las elecciones generales del 20 de septiembre de 2021 y pone en práctica algunas propuestas que se formularon durante la campaña electoral.
De ser aprobada, impedirá en todos los casos que cualquier persona sujeta a una orden de alejamiento o que haya ejercido violencia en el seno de la familia o acoso obtenga o mantenga una licencia de armas. También exigirá que los cargadores de armas largas como los rifles se modifiquen permanentemente para que no puedan contener más de cinco cartuchos y prohibirá la venta y transferencia de los de gran capacidad.
A su vez, contempla penas más altas por contrabando y tráfico de armas de fuego y una ley de “bandera roja” que obligaría a las personas consideradas una amenaza para sí mismas o para los demás a entregar sus armas de fuego a las fuerzas del orden.
