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Buscan inscribir a desaparecidos en legajos de firmas privadas

Hugo Yasky
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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside Hugo Yasky (Frente de Todos), comenzó a analizar un proyecto que propone la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de los trabajadores víctimas de terrorismo de Estado en relación de dependencia del sector privado.

Se trata de un proyecto de la diputada mandato cumplido Carla Pitiot, presentado en 2019. Al explicar los alcances del proyecto, Pitiot precisó que “muchos legajos de trabajadores desaparecidos siguen figurando con frases como cesantes o abandono del trabajo, como si hubiesen dejado de asistir por cuestiones personales”. Agregó que “este proyecto busca visibilizar esta situación, que tiene que ver con socavar la libertad y la dignidad humana, por eso buscamos la reparación”.

De la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, Julián Scabbiolo sostuvo que el trabajo de ese cuerpo “tiene que ver con recuperar los legajos de los trabajadores detenidos-desaparecidos sobre el decreto de 2012”, y puso de relieve que las empresas “han colaborado en las solicitudes, enviando la documentación: esta reparación es documental”.

En tanto, del gremio de trabajadores judiciales, el secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, dijo que espera “su pronta sanción: no hay demasiado para debatir”. “Ésta es una política de Estado y esperemos que este año también pueda convertirse en ley: es cerrar un ciclo que empezó con la tarea de la comisión por la Reconstrucción de la Identidad”, completó.

Si bien mediante el decreto 1199/2012 se dispuso la inscripción de la condición de detenido-desaparecido en los legajos de agentes de la Administración Pública Nacional, no sucedió lo mismo con el sector privado.

Según el proyecto, el trabajo de recuperación y reparación de legajos desarrollado por la Comisión de Trabajo por la Recuperación de Nuestra Identidad y del Archivo Nacional de la Memoria puso en evidencia la relevancia de este tipo de reparaciones en el contexto de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia de los últimos 10 años en nuestro país.

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